*Mostrando sus escrituras que datan, algunas desde 1951, y recibos de pagos de predial al municipio de Oaxaca de Juárez de hasta $16 mil pesos anuales, afectados exigen cancelación del decreto
* Los altos costos y las constancias de pago que han recibido por parte de la autoridad municipal, sentenciaron, son la evidencia de que para el gobierno sus propiedades son lícitas
II de II Partes
Tras las acusaciones hechas por agrupaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, en el sentido de que cientos de personas se han apropiado de manera ilegal del área de reserva ecológica de los cerros El Fortín, El Crestón y Cruz Blanca, los propietarios consultados por Primera Línea MX, sostuvieron que ellos son los que están siendo víctimas de despojo por parte de las autoridades.
En entrevista, el representante ejidal de Guadalupe Victoria, Marcos Reyes García; el asesor técnico de las colonias Río Blanco y Lomas del Crestón, Gerardo Aguilar, así como los vecinos Alma Acevedo, Isaías Sibaja Salazar y Abdiel Azamar refirieron que, con el acuerdo emitido en noviembre de 2021 por el gobierno municipal, se les quitaron sus derechos sobre sus propiedades, además de que han sido objeto de otros múltiples abusos por parte de la autoridad.
ACUSAN DOBLE EMBESTIDA
La maestra jubilada Josefina Ramos Castellanos y su hijo, Víctor López Ramos, ambos propietarios de un terreno en la colonia Lomas del Crestón, denunciaron que, durante el gobierno municipal del morenista, Oswaldo García Jarquín, y el estatal de Alejandro Murat Hinojosa, se realizó la colocación de un tanque elevado de agua potable que, en teoría, abastecería a toda la demarcación.
Sin embargo, al momento de construir la tubería que se conectaría al tanque, las entonces autoridades invadieron 200 metros cuadrados de su propiedad, sin ningún tipo de permiso.
Hoy, la tubería yace abandonada, inservible y a la intemperie y el tanque elevado no tiene agua; sin embargo, los propietarios no han podido recuperar la superficie despojada.
En 2022, Josefina Ramos y su hijo, cuyos antecedentes de sus escrituras datan de 1951, intentaron gestionar un Apeo y Deslinde ante el municipio de Oaxaca de Juárez, con el fin de subdividir su terreno para llevar a cabo una construcción, pero el procedimiento fue cancelado porque, de último momento, la autoridad les notificó, ante su sorpresa, que el predio se localiza en Área Natural Protegida y que no pueden hacer ningún tipo de gestión.
En el momento en que los afectados acudieron a la Secretaría del Medio Ambiente para corroborar el estatus de su propiedad, ésta les confirmó la noticia, pero sus funcionarios se negaron a entregar evidencia cartográfica.
“Desde el momento que yo estoy comprando… voy ante un notario, va uno a Catastro y ellos deben saber que no se puede hacer ningún tipo de trato”, reclamó Josefina Ramos.
“Yo no estaba enterada de que era reserva ecológica. ¿Sabe por qué me enteré? porque queríamos hacer una subdivisión del terreno para poder construir, pero antes de eso tienes que solicitar un acta de deslinde”, recordó.
En la misma situación se encuentra Alma Acevedo, quien también posee un terreno en la colonia Lomas del Crestón con escrituras de 1961, pero que también ha sido acusada de haber invadido la Zona Protegida.
La mujer mantiene en este momento diversos procesos jurídicos vigentes, con el objetivo de recuperar los derechos sobre la propiedad de ella y su familia.
PAGAN HASTA 16 MIL PESOS DE PREDIAL
En lo que todo se resuelve, tanto Josefina Ramos y su hijo, Víctor López Ramos, así como Alma Acevedo, siguen cubriendo cuotas de predial que van de los 6 mil a 16 mil pesos anuales.
Los altos costos y las constancias de pago que han recibido por parte de la autoridad municipal sentenciaron, son la evidencia de que para el gobierno sus propiedades son lícitas.
En el caso de López Ramos, refirió que sus padres han cumplido con su obligación fiscal desde 1960, mientras que Josefina Ramos lo ha hecho desde 1991.
“No somos paracaidistas ni estamos despojando a nadie”, sostuvieron.
Los habitantes de El Crestón permanecen en el limbo, a pesar de que a lo largo de las décadas han hecho múltiples donaciones en favor de los gobiernos estatal y federal, como fue el caso del terreno donde se erigió la Facultad de Medicina o el hospital presidente Juárez del ISSSTE.
Los ejidatarios también donaron a la Arquidiócesis de Oaxaca una fracción de la punta del cerro Cruz Blanca, donde justamente hoy yace la escultura que le hace honor a su nombre.
Las últimas tierras cedidas fueron el predio donde se construyó el CIESAS y nueve hectáreas donde fue erigido un parque ecológico; a cambio, las autoridades le permitieron a la población llevar a cabo la lotificación de 200 predios, según el relato de Isaías Sibaja Salazar, propietario y afectado del ejido Guadalupe Victoria.
Sibaja es un empresario que invirtió en la zona en 2006, pero cuyos antecedentes de su propiedad datan de la década de los 70.
Hoy, al igual que Josefina, Alma y más de mil pequeños propietarios del Ejido Guadalupe Victoria, Isaías no puede disponer de su propiedad, a pesar de que, recrimina, el Decreto que los afecta fue creado con inconsistencias jurídicas.
GUADALUPE VICTORIA, EJIDO FUNDADO POR LÁZARO CÁRDENAS
En el caso del ejido Guadalupe Victoria, junto con Viguera, la agencia más afectada por el decreto de 1992 fue fundado oficialmente en 1938 durante la reforma agraria promovida por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río.
De acuerdo con Marcos Reyes los ciudadanos recibieron las tierras con el aval de las autoridades federales, por lo que a partir de entonces han mantenido la titularidad de los precios.
Todos los entrevistados mostraron documentos que acreditan su versión y afirmaron estar dispuestos a someterse a cualquier tipo de proceso legal para demostrar que son los auténticos dueños y que quienes pretenden despojarlos de sus derechos son las autoridades.
El desarrollo de las demarcaciones ubicadas en el perímetro en controversia caminó durante prácticamente 30 años, hasta que en noviembre de 2021 el Cabildo de Oaxaca de Juárez determinó suspender el otorgamiento de permisos para construir y cambio de uso de suelo en el área supuestamente protegida.
Ante ello, los habitantes y propietarios demandan a la autoridad municipal revocar dicho acuerdo, con el objetivo de que puedan seguir haciendo uso de sus tierras y promoviendo diligencias en los casos pertinentes.
Con el acuerdo, se han detenido construcciones y compra venta, una conducción que ha afectado, también, la economía y el desarrollo de la sociedad.
CONCEJALES DE ESCRITORIO
El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez avaló tal medida, denunciaron, sin que los concejales hayan visitado el perímetro afectado y corroborado por sí mismos si era prudente promover esa medida.
Al acudir a la zona, refirieron, las y los regidores promotores de la suspensión de permisos se hubieran podido dar cuenta sobre, sí al menos en su caso, se trata de personas invasoras o, por el contrario, de ciudadanos que cuentan con su documentación en regla y cuyas propiedades datan de hace más de 50 años.
Sobre el decreto, llamaron al gobierno estatal y al Poder Legislativo a derogarlo, pues carece de fundamentos legales y de justicia social.
Los afectados sostuvieron que ese decreto tuvo fines políticos y que nunca fue ejecutado de manera plena; prueba de ello, es la mancha urbana que ha consumido prácticamente todo su perímetro.
Es necesario, de acuerdo con su versión, una acción de reordenamiento urbano, en donde se adopten reglamentos y criterios de urbanización con el objetivo de que el crecimiento de la zona esté sujeto al cuidado del medio ambiente, pero de manera clara y jurídicamente viable.
Ante las evidencias por el grave manoseo que se hizo del documento en cuestión, y dada las escrituras que poseen los propietarios, así como las evidencias de pagos de predial a las autoridades municipales, la zona de reserva tendrá que ser modificada, donde solo queda libre la cima de los cerros.
