La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República aprobó solicitar diversos tipos de informes al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que encabeza Adelfo Regino Montes, luego de que la dependencia ha sido acusada de negar en múltiples ocasiones asesoría a personas de comunidades rurales que pidieron su acompañamiento en actos judiciales.
De acuerdo con una proposición con punto de acuerdo presentada el pasado 12 de septiembre ante la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, “en más de una ocasión” el INPI en Oaxaca, a cargo de Jerónimo López Marín, ha negado el acompañamiento pedido por la población bajo el argumento de que “se tienen asignadas diligencias en la fecha indicada, por lo que no es posible atender favorablemente su solicitud”.
El documento, que fue turnado a comisiones para su dictaminación, refiere lo siguiente: “Es importante señalar lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo ocho, párrafo dos, inciso A, (donde) establece como una garantía judicial que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal…
“Es por ello que, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a través del responsable en cada una de las entidades federativas, debe velar para que le respete dicho derecho humano consistente en un acceso efectivo a la justicia”.
En ese sentido, el escrito denuncia que “se tiene conocimiento que en más de una ocasión la respuesta (del INPI) ha sido de la siguiente forma: “Se tienen asignadas diligencias en la fecha indicada, por lo que no es posible atender favorablemente su solicitud”.
En ese sentido, la Comisión respectiva acordó aprobar la petición, pero dirigirla de manera directa al titular del INPI.
Así, pidió un informe sobre “los programas, acciones, políticas y procedimientos a cargo de ese Instituto para garantizar el derecho de acceso efectivo a la justicia para personas y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Oaxaca”.
El dictamen pide detallar cuáles son los procedimientos, requisitos y plazos aplicables cuando se solicitan los servicios de peritos intérpretes y traductores en lenguas indígenas, así como para peritajes sobre identidad e institucionalidad indígena.
“Señale cuántos peritos, intérpretes y traductores tiene ese Instituto en el país y en el estado de Oaxaca para la eficiente atención a las peticiones referidas en el párrafo anterior”, refiere.
Finalmente, pide notificar “si se han presentado algunas circunstancias o situaciones especiales que impidan al Instituto comisionar a los citados peritos, intérpretes o traductores a las diligencias que le son solicitadas por los órganos jurisdiccionales en Oaxaca”.
