*Calificó como “chingaderas” la intromisión sistemática del Gobierno de Oaxaca para beneficiar a la ex edil de Nochixtlán, Lizbeth V. H.
*Buscarán el amparo de la justicia federal para que no haya impunidad y se reactive la búsqueda de la activista desaparecida
Dejar “a la deriva” y “bajo el control” del Poder Ejecutivo de Oaxaca –que encabeza Salomón Jara Cruz– el proceso penal por la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, fue el regalo de despedida del ex presidente del Tribunal de Justicia del Estado (TSJE), Eduardo Pinacho Sánchez, tras cuatro años en el poder, sentenció Elizabeth Uruchurtu Cruz, hermana de Claudia, cuyo paradero se desconoce desde marzo de 2021.
En entrevista para Primera Línea Mx, Elizabeth Uruchurtu acusó que la resolución del TSJE en cuanto a ordenar la reposición de todo el proceso penal comenzado en contra de la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth V. H.,, y tres personajes cercanos a ella, quienes el año pasado fueron sentenciados a cuatro años de cárcel, en el caso de la ex edil, y a 60 y 40 años en el de sus cómplices, es el reflejo de la intromisión sistemática que ha mantenido el hoy Gobernador y su equipo durante todo el proceso judicial.
#Entrevista 🔴|| Regalo de Pinacho al gobernador Salomón Jara, reposición del proceso por desaparición de Claudia Uruchurtu, acusa hermana de la activista
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— Primera Línea Mx (@esprimeralinea) December 31, 2023
Tras reiterar que buscarán la protección de la justicia federal para echar abajo la resolución del Tribunal oaxaqueño, la víctima indirecta reiteró que los magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada simularon una actitud crítica para tirar todo el proceso que fue comenzado en 2021, un año y medio antes de que el grupo político al que pertenece Lizbeth V. H., llegara al poder.
Lo anterior, fue catalogado como “chingaderas” y “pendejadas” por Uruchurtu.
“Esa es la otra estupidez: la resolución nos fue comunicada el 15 de diciembre; es el último día de operaciones, el inicio del periodo vacacional del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (y) el último día del señor Eduardo Pinacho (como Presidente); ese fue su regalo de despedida del señor, dejar el proceso a la deriva y bajo el control del Ejecutivo del estado”, recriminó.
Uruchurtu refirió que de acuerdo con el asesoramiento que ha recibido, el plazo para interponer cualquier recurso en contra de la sentencia emitida por el TSJE fenece en un plazo de 15 días, por lo que el periodo continuaba vigente al momento de la entrevista, realizada este 30 de diciembre.
La hermana de Claudia reiteró que mantener el juicio en jurisdicción local pone en alto riesgo el derecho a la justicia y el derecho de encontrar a la activista, que les asiste la razón.
“El señor, entonces senador federal, Salomón Jara Cruz, se fue a parar (en 2021 y 2022) a Nochixtlán a decir que todo esto era una injusticia, que era mentira, que era violencia política contra esa mujer tan honrada y trabajadora (Lizbeth V.).
“Honrada, mis orejas… a esa señora se le ha confirmado auditoría tras auditoría todas las tranzas a las que se dedicaba; entonces, sí, eso ha sucedido una y otra y otra vez, a lo largo de todo el proceso.
“Esta interferencia, esta falta de independencia entre los poderes es realmente lamentable; es tristísimo, es penosísimo ¿Cómo es posible que sigan queriendo perpetuar la impunidad en el estado, en el país?… es absolutamente lamentable”, condenó.
Gobierno suspendió búsqueda de Claudia
Consultada al respecto, refirió que desde el comienzo del actual gobierno estatal se han suspendido las investigaciones para dar con el paradero de Claudia Uruchurtu.
Incluso, abundó, durante todo el 2023 nunca se llevó a cabo ningún operativo de búsqueda, al tiempo de que las autoridades ministeriales de la entidad se negaron a recibir a los familiares de la activista
“Han detenido todo. La Fiscalía no ha hecho ningún otro acto de investigación. Ustedes están más al tanto que yo de la situación actual de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Comisión Nacional de Búsqueda; nos hemos tratado de acercar, les hemos pedido, les hemos sugerido, hemos hecho muchas sugerencias de diferentes cosas que se podrían hacer… Hemos tratado de acercarnos al nuevo Fiscal, le hemos pedido audiencia; no nos ha respondido; vamos a seguir insistiendo porque, volvemos al punto inicial: a mí lo que me interesa, lo que nos interesa como familia de Claudia, es encontrarla”.
Simulación de magistrados
En diciembre de 2022, cuando la jueza de la Mixteca María Teresa Quevedo dio a conocer las sentencias en contra de los cuatro partícipes en la desaparición de Claudia Uruchurtu, los allegados de la víctima decidieron apelar el fallo debido a que consideraron que durante el proceso judicial existieron diversas irregularidades en el actuar de la servidora pública.
Entre ellos, haber reclasificado el delito por el que se perseguía a Lizbeth V. y llevarlo de desaparición forzada a obstrucción de las investigaciones, lo que le valió a la ex edil de Nochixtlán que su pena se redujera de 60 años a 4 años en prisión, sentencia, esta última, que debería culminar en julio de 2025.
La familia agraviada cuestionó que el proceso nunca se llevó con perspectiva de género ni que Claudia Uruchurtu haya sido considerada activista.
La intención de las víctimas era que el Poder Judicial de Oaxaca les garantizara el acceso integral a la justicia; sin embargo, la Quinta Sala en Materia Penal no tomó en cuenta ningún argumento de la familia y decidió repetir el proceso bajo el planteamiento de que hubo personas que no fueron consideradas víctimas indirectas y de que la jueza se tardó más de 24 horas en dar a conocer su sentencia.
Con ello, en lugar de subsanar el hecho de que V. Huerta haya obtenido una pena menor, los magistrados tiraron todo el proceso, que había condenado a 60 años de cárcel a Juan Antonio Hernández Martínez, en su calidad de autor material, mientras que a Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita les había impuesto una pena de 40 años a cada uno en su calidad de partícipes en la desaparición de Claudia Uruchurtu.
“Esto es no solamente insultante, es un atentado contra nuestros derechos como víctimas, como víctimas indirectas, contra nuestro derecho a la justicia, nuestro derecho a la verdad, nuestro derecho a un procedimiento conforme a derecho.
“Lo hacen parecer como si nos estuvieran haciendo un favor, como si realmente estuvieran siguiendo una buena práctica y no es así, no es así, porque lo único que están haciendo… realmente nos revictimizan (y) no se apegan a los estándares internacionales, se van con procedimientos que son realmente irrelevantes.
“Debe haber una tutela efectiva. El sistema judicial debe de asegurar que nosotros, como víctimas indirectas, podamos acceder a la justicia, que señale los delitos, que se eviten dilaciones, que se eviten todos los entorpecimientos, que no perpetúen la impunidad y en lugar de eso se sacrifica la justicia por cuestiones de formalidad, por simplismos que utilizan en lugar de haber hecho un análisis a fondo del caso; esa es la injusticia, esa es la chingadera, que en lugar de que hagan su trabajo, que en lugar de que el análisis sea profundo, nos salen con esas pendejadas”, condenó.
