Pese a cambiar a buena parte de sus directivos, el refuerzo de los mecanismos de vigilancia y la restructuración adoptada para corregir los vacíos que permitieron el millonario desfalco financiero cometido en los dos primeros años de existencia de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las autoridades fiscalizadoras han encontrado recientemente nuevas anomalías millonarias y debilidades administrativas y de control interno en la paraestatal y sus empresas Liconsa y Diconsa.
Documentos obtenidos por La Jornada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia indican que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha detectado inconsistencias por más de 700 millones de pesos en contrataciones, problemas en el control y ejercicio de recursos fiscales, anomalías en controles administrativos y falta de procedimientos para el cumplimiento de los programas institucionales.
En Diconsa, una auditoría externa a los estados financieros de la empresa correspondientes a 2022 encontró incumplimientos de control interno que, en opinión de los auditores, incrementan el riesgo de no detectar fraudes.
De acuerdo con informes de auditorías concluidas entre abril y octubre pasados por la SFP, Segalmex debe aclarar el destino de 699 millones de pesos empleados en contrataciones para el traslado de mercancías en 2022, año en que Ignacio Ovalle dejó la dirección del organismo por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió posibles faltantes por cerca de 15 mil millones de pesos, los cuales, según la SFP, ya se han ido aclarando.
El Órgano Interno de Control (OIC) –que representa a la SFP en Segalmex– fiscalizó el ejercicio de 2 mil 717 millones de pesos del gasto corriente de la paraestatal correspondientes a 2022. Entre otras anomalías, consignó que se contrataron diversos servicios para el transporte de maíz, con un presupuesto total de 655 millones de pesos con empresas como Productores del Valle, a la que otorgó un contrato por 303 millones de pesos para trasladar 40 mil toneladas del grano, o Almacenes y Servicios Santa Rosa, a la que contrató por 100 millones de pesos para mover 13 mil toneladas.
Adicionalmente, Segalmex pagó 43 millones de pesos a Soluciones Logísticas Inteligentes por fletes de otras mercancías.
No obstante, las Gerencias de Recursos Materiales, de Servicios Generales y de Operaciones no entregaron al OIC los documentos que acrediten el cumplimiento de los servicios pagados.
“Existe falta de controles para la integración documental, comprobación, supervisión y verificación por parte de las áreas administradoras de los contratos celebrados con respecto al cumplimiento de los servicios prestados por parte de los proveedores”, concluyó el OIC.
Otras revisiones hechas por los OIC de Diconsa y Liconsa revelan probables irregularidades por 11 millones de pesos en el uso de recursos fiscales del programa de precios de garantía, falta de claridad en el ejercicio de recursos públicos destinados al almacenamiento de maíz, deficiencias en el uso de 3 millones de pesos en contratos para el traslado de leche, pagos de viáticos superiores a lo permitido por 215 mil pesos, entre otras anomalías financieras.
En Diconsa, el despacho privado Mazar Auditores revisó los estados financieros de 2022. En el informe que entregó a la SFP consignó que la empresa no cuenta con documentación actualizada de su sistema de control interno, lo que “incrementa el riesgo de que ocurran errores o posibles distorsiones intencionales sin que sean detectadas y corregidas con oportunidad”.
Además, observó en diversas áreas “cuentas sin soporte documental, con antigüedad superior a un año sin movimiento, saldos contrarios a su naturaleza”.
“Nuestro trabajo reveló que el control interno de Diconsa, incluyendo los controles generales de tecnología de la información, presenta debilidades significativas en los procesos de control y registro de los rubros de derechos a recibir efectivo o equivalentes, control de inventarios, ingresos y generación e integración de información contable, financiera, presupuestal y fiscal”, señalan los auditores, que recomendaron que se restablezca el sistema de control interno para “prevenir incorrecciones materiales en los estados financieros,debidas a fraude o error”.
Fuente: La Jornada
