La inoperancia con la que conducía al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, fue el principal motivo por el que le dieron piso a Víctor Manuel Jiménez Viloria como presidente de dicho organismo autónomo, luego de que por más de dos meses mantuviera sin pagarles a los 80 empleados que ahí laboran.
El presupuesto financiero aprobado para la operación del Tribunal fue de 20 millones de pesos anuales, sin embargo, Jiménez Viloria solicitaba que le asignaran recursos mayores de hasta 120 millones de pesos, lo que fue imposible para los legisladores darle salida a dicha exigencia y durante dos meses la Secretaría de Finanzas mantuvo el dinero situado en sus cuentas, sin poder darle salida.
En más de cuatro ocasiones, los magistrados Miguel Ángel Carballido Díaz y Raymundo Wilfrido López Vásquez, se reunieron con Viloria para solicitarle información sobre qué estaba pasando, sobre todo porque era ya una situación muy grave el hecho de que el Tribunal estuviera estático, no había ni siquiera dinero para las notificaciones, vaya ni para sacar copias.
Jiménez Viloria en su postura de presidente, siempre mantuvo la postura de que no iba a aceptar el presupuesto aprobado, que era necesario un recurso mayor y que aguantaran tantito.
A través del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz lograron una gestión de recursos por 20 millones de pesos más, lo que hacía la cantidad de 40 millones de pesos anuales, pero ni aún con esta propuesta lograron convencer a Viloria para que cediera en su postura.
Realizaron también reuniones con el titular de Sefin, Enrique Arnaud Viñas, quien les pidió una y otra vez que ya era urgente solucionar el problema, que estaba en la mejor disposición de depositarles de inmediato el recurso para el pago de nómina, pero ni siquiera este documento tenían en regla, es decir, no sabían ni cuánto ganaría cada trabajador, ni los tabuladores.
Una verdadera inoperancia.
La directora administrativa era la panista, Teresa Heredia, quien también estuvo anteriormente en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ieepco), donde junto con Víctor Manuel Jiménez Viloria le hicieron la vida imposible al entonces presidente Alberto Alonso Criollo, a quien tampoco lo dejaron operar en ese organismo.
Las reuniones con los magistrados y Jiménez Viloria se volvieron cada vez más ríspidas, al grado de que a finales de enero le pidieron información al magistrado-presidente sobre la nómina, sí ya la tenía lista y le dieron de plazo 8 días para responder.
La molestia de los magistrados Raymundo Wilfrido López Vásquez y Miguel Ángel Carballido Díaz fue porque Viloria prácticamente los exhibió como unos ignorantes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien les envió oficios argumentando que no podían hacer ningún movimiento, ni enviarles respuestas de notificaciones, porque no contaban con recursos económicos.
¡Fatal!
Pero además ya era imposible seguir sosteniendo a un magistrado-presidente, que definitivamente no tenía ni idea sobre la conducción del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y al cumplirse el plazo de los ocho días que le pusieron, le volvieron a solicitar la información de la nómina, porque es un documento público y Viloria se los negó.
Esa fue la gota que derramó el vaso.
En sesión privada del 8 de febrero, previo acuerdo que ya tenían Carballido Díaz y López Vásquez, hicieron valer sus facultades, porque por ley ellos pueden poner o quitar a un presidente, simplemente haciendo mayoría y en este caso, le hicieron saber a Jiménez Viloria que quedaba revocado su nombramiento ante la inoperatividad en que mantenía sumido al Tribunal.
Que ahí Jiménez Viloria se puso como loco, les dijo que no se valía y que iba a interponer un recurso de inconformidad, pero sus compañeros magistrados votaron la revocación y ahí mismo fue nombrado Raymundo Wilfrido López Vásquez como nuevo presidente de dicho organismo autónomo.
Y aunque en un principio el secretario de actas se negaba a tomar la nota, los magistrados le advirtieron que era su obligación, por ser un servidor público del Tribunal, no de un presidente y su negativa podría ameritar hasta su cese del cargo.
Finalmente el secretario levantó las actas y al siguiente día, López Vásquez y Carballido Díaz tuvieron una reunión con el titular de Sefin, Enrique Arnaud Viñas para iniciar los trámites sobre la liberación de los recursos.
Fue hasta el pasado 15 de febrero, después de entregar toda la documentación a Finanzas y abrir las cuentas bancarias, en que lograron pagar la nómina, documento que mantenía oculto Viloria porque asignó a su gente salarios que van de 20 a 35 mil pesos, todo ello fue anulado y ajustaron el tabulador, incluso aumentaron sueldos a personas que ganaban muy poco.
Y aunque Jiménez Viloria interpuso la demanda, pero el juez resolvió a favor de los magistrados que lo destituyeron, porque la ley les permite realizar ese tipo de movimientos, siempre y cuando tengan la mayoría.
Así las cosas con los magistrados de Oaxaca.
Por falta de presupuesto, no salió Ley contra la Obesidad
Sobre el polémico caso que escribimos ayer respecto al dictamen de la Ley de Prevención, Atención y Tratamiento Integral de la Malnutrición y Trastorno de la Conducta Alimentaria para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que no fue aprobada por la LXII Legislatura, a pesar de contar con el dictamen, resulta que fue por una falta de presupuesto y por intereses personales del especialista Benigno Cabrera Cabrera, según explicación del diputado Gerardo García Henestroza.
A su vez, el presidente de la Comisión Permanente de Salud del Congreso del Estado, Javier Barroso Sánchez no supo dar los argumentos legales y jurídicos por los que no aprobaron la referida ley, que más que intereses personales de algunos de los interesados, es un problema de salud pública que debieron analizar a detalle, quitar lo que consideraban malo y aprobar lo que es bueno para la población en general, principalmente en los niños y niñas.
De entrada, nos llamó el diputado Gerardo García Henestroza, quien argumentó que el responsable de la iniciativa, el doctor Benigno Cabrera Cabrera, solo quiere justificar lo que no ha trabajado en el IEEPO durante 30 años que lleva como aviador.
La iniciativa fue presentada desde el 2014, y hasta ahora que se hizo público el tema, salieron ambos diputados a dar argumentos falaces, en lugar de decir los motivos jurídicos por los que no salió la referida ley, insistimos, por ser un asunto de salud pública, en el que se deben tomar medidas más severas como la prevención en la población infantil, en el que deben intervenir diversas instituciones desde Salud, hasta el IEEPO, debieron tomar el tema con absoluta seriedad.
El dictamen fue elaborado por las comisiones de Salud, de Administración de Justicia y de Presupuesto, cuyos responsables son: Javier Barroso Sánchez, Gerardo García Henestroza y Rafael Arellanes, respectivamente.
García Henestroza hizo énfasis que el 27 de noviembre de 2008, también era legislador, presentó ente el pleno una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley Estatal de Educación, relativa al control nutricional de los alimentos que se expenden al interior de las escuelas en el estado, misma que fue aprobada el primero de octubre de 2009; “lo que hace de Oaxaca un estado a la vanguardia en este tema”.
El representante popular, puntualizó, que en ese entonces el Instituto Nacional de Salud Pública concluyó que las escuelas públicas del país se han convertido en fábricas de obesos al no controlar la venta de alimentos con bajo nivel nutricional o bien al expender comida con información errónea.
En la actualidad pueden visitar cualquier escuela pública de la capital de Oaxaca o del interior del Estado, y comprobarán el gran número de comida chatarra que se expande adentro y afuera de las instituciones educativas, porque hace falta un marco jurídico que lo regule de forma más severa, ante los diversos intereses que se mueven tanto de directivos de las escuelas como de las empresas que expenden ese tipo de alimentos.
Aquí les presentamos la iniciativa y el dictamen del polémico tema de la obesidad:
Le dan piso a Aída Valencia para Sedesoh
El pleno de la LXII Legislatura del Estado rechazó anoche en sesión ordinaria por mayoría de votos, el nombramiento de Aída Fabiola Valencia Ramírez, por no cumplir con el perfil para desempeñar dicho cargo, aunque en el fondo, la decisión se debió a que las fracciones del PRI y PAN argumentaron que trabajaría para Morena, partido al que pertenece.
Con los votos a favor únicamente de los diputados Félix Serrano Toledo, Itaísa López Galván y Juanita Cruz Cruz, la mayoría de los legisladores rechazaron el nombramiento hecho por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, quien mantiene una relación de compadrazgo con Valencia Ramírez.
Los priistas, expusieron que Aída Valencia utilizaría los recursos de la Sedesoh para hacer proselitismo político a favor de los candidatos y candidatas del Movimiento de Regeneración Nacional, pero que además dentro de su curriculum, no cuenta con experiencia administrativa ni social para el desempeño del cargo.
El gobernador Gabino Cué tiene un plazo de 10 días para hacer el nuevo nombramiento de quien será el titular de Sedesoh y en caso de ser rechazado nuevamente por el pleno legislativo, entonces podrá ejercer su facultad para hacer la designación directa.
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