En el derecho electoral, la democracia, en una definición minimalista, es un sistema de gobierno en el que la ciudadanía elige a sus representantes por medio de elecciones y resuelven sus diversas diferencias sin derramamiento de sangre. No obstante, en México la realidad difiere, por mucho, con el planteamiento utópico de la teoría. Diversas investigaciones de carácter científico han demostrado que son los actores ilícitos con intereses y conexiones significativas los que han influido en los resultados electorales de por lo menos las últimas dos décadas. Teniendo su origen a inicios de los años noventa, cuando en nuestro país se transitó a un régimen de competencia multipartidista, con victorias por parte de los partidos de oposición en municipios y algunas entidades federativas.
En su momento, el reconocido periodista Jesús Blancornelas, daba a conocer que el primer conflicto bélico entre cárteles se desató en Tijuana, Baja California, donde, en la elección histórica de 1989, el PRI había perdido el control de un estado por primera vez en el siglo XX. Estos enfrentamientos que alcanzan la categoría de una guerra civil han ido en aumento tanto en número, como en niveles de crueldad.
Desde el punto de vista analítico, pero también desalentador desde un enfoque moral, hoy en día, los mecanismos democráticos se han convertido en generadores de violencia colectiva entre actores políticos, y actores apolíticos como lo son los grupos del crimen organizado. Y aunque existen diversos factores del aumento indiscriminado de la violencia en México, lo cierto es que los actores apolíticos incentivan el aumento de sus enfrentamientos y ataques directos en época electoral con el objetivo de tener el control de facto de los gobiernos municipales, sus finanzas y su territorio.
En este contexto, si bien es cierto que la violencia existe en todo el año y a todas horas, cuando soplan los vientos de temporada electoral toca fibras políticas, con atentados y asesinatos de forma sistemática contra presidentes municipales, candidatos electorales y todo aquel actor político que represente un obstáculo en los resultados electorales, principalmente a nivel subnacional.De acuerdo con datos del proyecto “Votar entre balas” impulsado por la consultora Data Cívica, en México, el año 2023 fue el año con más violencia político-criminal, con 574 agresiones, a los que se suman otras 5 a inicios del 2024, posicionando al presente mes de enero como el más violento registrado hasta el momento.
Además, desde el 2018, año en el que inició la recopilación de datos, hasta el 2023, se registran un total de 1,610 agresiones entre ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos de oposición. De lo cuales el 86% eran hombres y 14% mujeres. De éstos el 76% contendían a cargos municipales, el 10% a cargos de nivel estatal y el 4% a diputaciones federales.
Entre los 10 estados con más agresiones registradas se encuentran Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Baja California, Oaxaca, Morelos y Nuevo León. En cuanto a partidos políticos, y con relación a las elecciones municipales, se registra que del 76% de agresiones, el 25% de las y los candidatos asesinados contendían por Morena, el 18% por el PRI, el 13% por el PAN, y 10% por MC y PRD.
En este contexto, en días recientes el aroma de la última etapa del actual proceso electoral ya se puede percibir en todo el territorio nacional. De acuerdo con el INE, el Proceso Electoral Federal 2023-2024 será reconocido como el más grande que ha tenido México. Y no es para menos. En las elecciones locales se elegirán 9 cargos para Gubernatura, 1,098 cargos para Congresos Locales, 1,802 Presidencias municipales, 1,975 Sindicaturas y 14,423 Regidurías.
Por su parte, en la elección federal, se elegirán 128 cargos para Senadoras y Senadores de la República, 500 cargos para Diputadas y Diputados la Cámara Baja, y la elección para el cargo de la Presidencia de la República. Este último aspecto siendo lo más relevante e histórico, dado que, de no pasar algo extraordinario, México tendría a su primer mujer presidenta.
Desafortunadamente, el actual proceso electoral también se puede convertir en histórico, pero por el crecimiento de la tendencia en los ataques relacionados con el ambiente político. Y aunque son múltiples las aristas para solucionar este problema de raíz, lo cierto es que se debe de comenzar con lo más sencillo. La eliminación de uno de los mayores errores en la política mexicana: la reelección de legisladores y presidentes municipales.
De acuerdo con la evidencia empírica como la demostrada en las investigaciones, “Las balas y los votos: efecto de la violencia en el comportamiento y actitudes de los ciudadanos en México” de Carlos Bravo, y “Empresas criminales y gobernanza en América Latina y el Caribe” de Enrique Desmond, las redes del crimen a nivel local han perdurado y aumentado su poder gracias a la falta de dinamismo en materia de cambios políticos y gubernamentales.
En otras palabras, las actividades ilícitas de los grupos del crimen organizado que se realizan fuera de los reflectores y donde las autoridades, ya sea por la secrecía propia del inframundo criminal o mediante sobornos, necesitan de mantener el monopolio de la fuerza de las autoridades locales. Dando como resultado que, en un principio, el crimen organizado infiltraba a las instituciones municipales y la estructura política local, pero hoy en día su poder les permite cambiar o eliminar candidatos que no estén alienados con sus intereses.
Otras de las desventajas de la no rotación de las autoridades, principalmente a nivel local, es que inhibe la participación ciudadana porque se quedan en desventaja frente a los reelectos que disponen de los recursos públicos. Sin dejar de mencionar la creación de conflictos al interior de los partidos, promoviendo la formación de sectas políticas para ser reelectos que dañan la unidad partidista, creando incluso nuevos partidos políticos que representan una pesada carga fiscal a todos los contribuyentes que si trabajamos.
Finalmente, se consolidan cacicazgos políticos y acciones de impunidad en cuanto a las desviaciones de recursos públicos cuando un reelecto debe revisar sus propias cuentas de su gestión anterior. Es por ello por lo que la no reelección es lo mejor para la sociedad, aunque no lo sea para la clase política. Sobre todo, porque este asunto rompe con la causa y legado de la Revolución Mexicana, el “Sufragio efectivo, no reelección”. Una época de la historia mexicana en la que se perdieron miles de vidas, sacrificios que se realizaron para tener un país libre, democrático y soberano, en paz y tranquilidad pero que hoy en día, es totalmente lo contrario. Sin duda, nuestros antepasados ya tenían claro que la reelección no era el camino correcto.
