Alrededor de 25 organizaciones no gubernamentales de todo el país, así como activistas y académicos demandaron la clausura definitiva y el comienzo de las labores de saneamiento en el antiguo tiradero de basura localizado en el municipio de la Villa de Zaachila, al sur de la ciudad de Oaxaca.
A través de un pronunciamiento y luego de las denuncias hechas por habitantes de la agencia Vicente Guerrero sobre la irrupción de presuntos transportistas armados a la zona del basurero, las agrupaciones sostuvieron que el cierre total del lugar es la única garantía de estabilidad en la zona y evitar con ello la ocurrencia de hechos violentos.
“Ante los hechos suscitados en el transcurso del miércoles 24 de enero, donde la agencia Vicente Guerrero y colonias vecinas denuncian la toma del basurero en la zona oriente de Zaachila por parte de grupos no identificados, manifestamos nuestra profunda preocupación ante una escalada de violencia que pone en riesgo la estabilidad social”, indican las organizaciones defensoras de derechos humanos.
El ingreso de aquellos grupos, añaden, se suma a la “insistencia de reabrir el ex basurero por parte de diversos actores, con lo que se vulnera la decisión de la asamblea comunitaria que, claramente, ha expresado el deseo de la agencia Vicente Guerrero y colonias vecinas para llevar a cabo la clausura definitiva y el saneamiento de la zona afectada sin introducir más basura”.
Asimismo, indican que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en el estado deben recordar los hechos ocurridos en 2017, “en donde grupos que mantuvieron bajo control el basurero fueron expulsados debido a los ilícitos cometidos en contra de la población”.
Ante ello, subrayan que “estos antecedentes reiteran la necesidad de una clausura definitiva de ese sitio de disposición final, ya que el control de la zona con fines lucrativos seguirá siendo motivo de conflictividad social por aquellos que aspiran a seguir obteniendo beneficios”.
Las organizaciones llamaron a las autoridades a promover acciones enfocadas a impedir una escalada de violencia a través de mecanismos que privilegien el diálogo entre las partes involucradas, con pleno respeto a las decisiones de la asamblea y autonomía de las agencias y colonias, tal y como lo indica el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, así como las declaraciones internacionales emitidas en materia de Derechos Humanos.
Asimismo, establecer una mesa de diálogo con instancias del sector ambiental que permita el avance en la clausura definitiva del sitio y un programa de saneamiento sin introducir más basura, “con la finalidad de blindar la zona ante intereses económicos relacionados al manejo de residuos, para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, dando cumplimiento al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Algunas de las organizaciones firmantes son el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) y Solidaridad Internacional Kanda A.C.
