*A menos de seis meses de las elecciones concurrentes del dos de junio, el magisterio responsabiliza a los gobiernos estatal y federal de la inestabilidad social e inseguridad que pueda acumularse en la entidad
*El MULT, por su parte, confirma que en Tierra Blanca Copala no hay condiciones para instalar casillas, mientras que autoridades han incumplido con acuerdos para dar seguridad en tramo carretero Carrizal-Agua Fría, escenario de emboscadas
Los niveles de violencia e inestabilidad social que se registren en Oaxaca antes y durante el proceso electoral de junio próximo y sus repercusiones en el nivel de participación de la sociedad en los comicios, serán responsabilidad directa del gobierno del estado, sentenció la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tras advertir sobre la creciente inseguridad que se registra en diversos puntos de la entidad.
En ese sentido, el magisterio disidente condenó la detención de nueve opositores al Polo de Desarrollo del Corredor Interoceánico de Santa María Mixtequilla, quienes fueron aprehendidos la madrugada del sábado durante una serie de cateos realizados por autoridades estatales y federales en aquel punto del estado.
“Condenamos el hecho de que exista todavía la represión contra aquellos que alcen la voz. Como Sección 22, desde luego, refrendamos el apoyo a los sectores y a la población quienes han emprendido la lucha por defender los recursos naturales en este caso, como lo es en el Istmo y, desde luego, condenamos los actos de violencia”, sostuvo la líder de la Sección 22, Yenni Aracely Pérez Martínez, en entrevista con Primera Línea MX.
“Varios de los conflictos que hay en diferentes comunidades son ajenos al magisterio; sabemos que la ola de violencia aún se mantiene a pesar de este nuevo gobierno…
“Podríamos decir que (el gobierno) ha cambiado de color; sin embargo, se mantiene la violencia en las comunidades”, condenó la lideresa.
En la actualidad, agregó, el magisterio ha participado de manera activa en mesas de negociación cuya demanda principal ha sido garantizar condiciones de seguridad en los pueblos, con el objetivo de mantener libre de la violencia tanto a los alumnos como al personal educativo, sectores que cada día son alcanzados en mayor dimensión por la violencia.
Sin embargo, pese a ello, la Sección 22 contabiliza hasta hoy alrededor de 10 centros educativos que permanecen cerrados a raíz de la inseguridad que impera en sus demarcaciones, como es el caso de San Martín Itunyoso, en la región de la Mixteca, donde el síndico municipal, su esposa y su hija menor de edad, fueron asesinados y calcinados en octubre de 2023 y donde desde entonces no se han recobrado las condiciones de estabilidad.
“Abonamos a que en los espacios de esta política de alianzas que se tiene con los padres de familia, con los municipios, se abone a dar un cese de violencia que esté afectando a la comunidad estudiantil”, resaltó Pérez, la primera mujer en encabezar al magisterio.
La Sección 22 intervino en el diálogo para permitir la reanudación de clases en Santo Domingo Teojomulco y Santa Cruz Mitlatongo, después de que las aulas fueran cerradas por actos de violencia.
“El exhorto es al gobierno del estado que genere las condiciones de seguridad en todas las regiones; finalmente, como docentes estamos en la mejor disposición de garantizar la educación pública en todos los niveles educativos, (pero) debe haber un compromiso por parte del gobierno estatal para que se garantice la seguridad tanto del traslado, el ingreso a las comunidades y el mismo retorno de los compañeros a sus propios hogares”, consideró la secretaria general.
Sobre la violencia o el clima de inestabilidad que podría desencadenarse en los comicios o en el transcurso de la época de campañas políticas, que comenzará en abril, reiteró que cualquier condición de tensión será responsabilidad de las autoridades.
“Había que revisar el papel del gobierno, las respuestas que tenga el gobierno en atender de forma inmediata todas las problemáticas sociales que hay en el estado; obviamente, la paz social puede verse afectada si no se resuelven y no se atienden las exigencias, las demandas de diversos sectores sociales”, advirtió la entrevistada.
“Como Sección 22 velamos porque se generen las condiciones para los 570 municipios en el servicio educativo y, por tanto, se garantice, a lo mejor, en su momento, esta jornada, pero sí es importante mencionar que mucho de esto está en manos del gobierno, en atender las necesidades del pueblo y no sólo del magisterio”, subrayó Pérez Martínez.
NO DESCARTAN MOVILIZACIONES DURANTE PROCESO ELECTORAL
El proceso electoral de junio de 2024, que definirá al nuevo Presidente o Presidenta del país, a diputados federales, senadores, diputados locales y 153 presidentes municipales junto con sus cabildos, podría empalmarse de nueva cuenta con las protestas anuales de la Sección 22.
Como cada año, la dirigencia del sindicato disidente tiene programado entregar su pliego petitorio el primero de mayo, en el marco del Día del Trabajo, y esperar las primeras respuestas a partir del 15 de mayo, Día del Maestro.
En caso de que las autoridades estatales y federales no respondan satisfactoriamente a sus exigencias, los educadores podrían estallar en paro o paro indefinido y efectuar protestas antes e incluso durante el día de la elección, como ocurrió en 2015.
Expuso que los avances o los no avances que se puedan tener en su momento, van a determinar también en los espacios de análisis y discusión cuál será, en este caso, la ruta que va a seguir la Sección 22 en la próxima jornada electoral.
“Sin embargo, abonamos a que realmente se pueda avanzar con el Presidente (de México) que en su momento se comprometió a abrogar la reforma educativa y que hasta el momento no se ha logrado, a unos meses de que se vaya a relevar”, confió la dirigente magisterial.
“Esperamos que, en los últimos meses, tanto para la (derogación de la) Ley del ISSSTE como tanto la reforma educativa, tengamos avances sustanciales que van a permitir desde luego una estabilidad, no solo en el estado sino a nivel nacional”, subrayó Pérez Martínez.
MULT PIDE SEGURIDAD EN ZONA DE MATANZAS
Mientras tanto, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) confirmó que a menos de seis meses de las elecciones concurrentes no existen condiciones para la instalación de casillas en Tierra Blanca, Copala, donde se han registrado múltiples actos violentos con saldo de muertos y personas desplazadas.
El integrante de la Comisión Política de la organización, Eleazar Ortiz Ramírez, agregó que las autoridades estatales y federales tampoco han respondido a su petición de brindar seguridad en el tramo carretero Carrizal-Agua Fría, Copala, donde durante el último año han ocurrido diversas emboscadas con saldo de 12 muertos.
Aunque Ortiz Ramírez puntualizó que en otras 30 comunidades triquis las sociedades coexisten en calma y podrían albergar sin complicaciones el proceso electivo, dejó abierta la posibilidad de que un aumento en la violencia en Tierra Blanca y en otras comunidades como Yosoyuxi, Sabana y Diamante, estás últimas situadas en el tramo carretero Carrizal-Agua Fría, puedan contaminar algunos otros puntos de la microrregión.
“Siempre hemos pedido que haya seguridad en ese tramo (carretero), pero lamentablemente, hasta ahorita, no vemos esa seguridad. Se ha pedido tanto al secretario de Seguridad Pública como a la Guardia Nacional, pero hasta ahorita no vemos ese acuerdo”, reporchó el dirigente.
“Pero no en todas las comunidades (existe violencia), hablamos desde San Juan Copala, Rastrojo, Cieneguilla, Coyuchi, Río Metate, Llano Nopal, Paso de Águila, Río Venado, Río Lagarto, Cerro Pájaros, Cerro Cabeza; en todas esas comunidades, ahorita todo está tranquilo, la gente vive en paz y creo que sí hay posibilidad de que las elecciones se den con normalidad”, confió.
Precisó que la microrregión de la zona triqui comprende 32 comunidades que son la Triqui Baja, que pertenecen a San Juan Copala… de esas 32 nada más estamos hablando de Tierra Blanca donde hay conflicto (y donde en ocasiones se han instalado casillas) y sobre la carretera federal, (donde) no se ponen las casillas.
“Donde sí vemos focos rojos es en la comunidad de Tierra Blanca nada más donde no se podrían instalar las casillas, pero ya en todas las comunidades ahí no hay problema”, precisó.
Ortiz reiteró que las comunidades más convulsas de la actualidad y que están pegadas sobre carretera son Agua Fría, Sabana, Diamante y Yosoyuxi, donde “pedimos que la Guardia Nacional, que la Policía Estatal y que también se involucre la Fiscalía; que den recorridos, pero, te digo, no ha habido esos recorridos y esa seguridad y pues, lamentablemente, han emboscado a los compañeros”, recriminó.
De hecho, Eleazar Ortiz Ramírez sobrevivió a una emboscada perpetradas a comienzos de 2022 en inmediaciones de Agua Fría.
–¿No cree que el clima de violencia que se vive ahí repercuta en el resto de la región durante las elecciones?
–Desde mi punto de vista, no. Creo igual que la Fiscalía tanto Policía Estatal su misión es prevenir el delito y creo que ahorita si ellos hacen lo que está en su poder, lo dudo mucho que haya violencia; lamentablemente, siempre primero ahogado el niño quieren tapar el pozo.
“Y creo que ahorita es el tiempo: la Secretaría de Seguridad Pública tiene que hacer el trabajo que siempre hemos pedido: dar seguridad sobre la carretera federal”, lanzó finalmente la advertencia.
