El Pleno del Congreso federal aprobó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a efecto de incorporar a la Secretaría de Economía federal al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
En una propuesta hecha por la diputada federal oaxaqueña Mariana Nassar Piñeyro, la modificación tiene el objetivo de impulsar proyectos productivos que le permitan al sector femenino salir de las condiciones de pobreza extrema y pobreza que enfrenta.
La iniciativa promovida por la legisladora priista refiere que “las políticas implementadas por esta dependencia (Secretaría de Economía) en el marco de su programa sectorial y en las políticas de emprendimiento, capacitación, herramientas empresariales y cultura financiera, son elementales para que las mujeres puedan ejercer plenamente el derecho a un ingreso digno y decoroso para ellas y sus familias”.
Asimismo, indica que la intervención de la dependencia a través de acciones en pro de las mujeres coadyuvará para “erradicar las circunstancias que las orillan a una dependencia económica que muchas veces es acompañada de violencia”.
En la exposición de motivos, el proyecto, previo a su aprobación, pidió considerar que en México “la pobreza tiene rostro de mujer”, pues según el Informe de Pobreza Multidimensional 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social existen 46.8 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 24.8 millones, o 50.2 por ciento, son mujeres.
Asimismo, resaltó que de los mexicanos y mexicanas en pobreza, 9.1 millones permanecen en pobreza extrema.
Las condiciones anteriores exhiben que México violenta las estipulaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, que en su artículo 5 precisa que “toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
“Esta situación refleja ampliamente la imposibilidad de ejercer los derechos sociales de quienes se encuentran en esta condición afectando en mayor proporción a las mujeres, tal como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a una alimentación nutritiva y a la seguridad social, entre otros”, condenó la iniciativa.
En tribuna, antes de la votación, Nassar Piñeyro sostuvo que el 67 por ciento de las mujeres emprendedoras reportan dificultades al momento de equilibrar sus actividades económicas con sus responsabilidades familiares.
“Resulta fundamental abordar la falta de acceso a recursos financieros que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia”, resaltó la representante de Oaxaca, al reiterar la importancia de promover la inclusión financiera de las mujeres.
