-Resaltan los casos de los ex ediles de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño; de la Villa de Zaachila, Cástulo Bretón Mendoza; de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano y de San Jacinto Amilpas, Yolanda Adelaida Santos Montaño, de San Jacinto Amilpas, quienes no podrán formar parte de ningún Ayuntamiento o diputación.
-Autoridades advierten que tampoco podrán participar hombres y mujeres, que hayan recibido en contra una sentencia firme por delitos sexuales y violencia familiar o que sean deudoras o deudores alimentarios
Las personas, hombres y mujeres, que hayan recibido en contra una sentencia firme por delitos sexuales, violencia familiar y violencia de género –incluida violencia política—, además de deudores o deudoras alimentarios, tendrán prohibido participar en el proceso local electoral de este año, cuyos registros de candidaturas comenzaron el viernes pasado y concluirán el próximo día 15, confirmaron autoridades electorales.
Lo anterior, ha dado pie que, hasta el momento, se tenga el registro de 133 personajes ligados a la función pública del estado que tendrán prohibido registrarse como aspirantes a alguna presidencial municipal o diputación estatal, pues sobre ellos recaen resoluciones por violencia política de género contra las mujeres.
Ahora, no serán solamente los partidos políticos los encargados de filtrar los perfiles que propongan como aspirantes a presidencias municipales y diputaciones, pues el Poder Judicial de Oaxaca y el Registro Civil abrirán sus expedientes con el fin de que la autoridad electoral corrobore que ningún aspirante incurra en esas faltas.
En caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca o el gobierno estatal, a través del Registro Civil, confirmen postulaciones con aquellos antecedentes, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) tendrá la obligación de invalidarlos, resaltó la titular del último organismo, Elizabeth Sánchez González.
“Es importante resaltar que el Instituto ha firmado convenios con el Tribunal de Superior de Justicia para conocer la información de las personas que se vayan a registrar (y) que no estén en estos supuestos; también estamos en pie a firmar un convenio con el Registro Civil para saber que las personas que son candidatas o candidatos no están en el Registro de Personas Deudoras Alimentarias”, señaló la servidora pública.
“En ese sentido, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos harán esa verificación: solicitaremos la información al Tribunal Superior de Justicia, al Registro Civil, para ver que estas personas no estén en estos supuestos”, abundó.
133 sanciones por violencia política y las que se acumulen en próximos 15 días
De entrada, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que 133 personajes oaxaqueños ligados a la vida pública tendrán prohibido participar en el proceso comicial estatal de 2024, al recaer sobre ellos sentencias firmes por violencia política de género.
En el caso del proceso federal, los registros ya fueron cerrados y aprobados, por lo que ya fueron excluidos de éste
El INE informó que el Tribunal Estatal Electoral y las dos instancias federales (Sala Regional Xalapa y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) habían sancionado hasta la madrugada del domingo tres de marzo de 2024 a 32 presidentes o presidentas municipales, que equivalen al 27.8 por ciento de las sanciones emitidas de manera estatal; a 29 regidoras o regidores, que representan al 25.22 por ciento de los castigos, y 19 autoridades vinculadas con sistemas normativos internos.
Además, notificó el registro de 10 síndicos y síndicas sancionadas; siete ciudadanos y ciudadanos; cinco servidores o servidoras públicas; cuatro tesoreras o tesoreros municipales; dos funcionarios o funcionarias de partidos políticos; tres secretarias o secretarios municipales y dos candidatas o candidatos.
De hecho, subrayó el INE, Oaxaca es el estado del país con la mayor cantidad de actoras y actores castigados por violencia política de género, con 133 sentencias de las 333 que han sido resueltas en el ámbito nacional.
¿Quiénes son los ediles sancionados?
El Instituto Nacional precisó que, en el caso de Oaxaca, dentro del Registro Nacional aparecen nombres como el de los ex ediles de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño; de la Villa de Zaachila, Cástulo Bretón Mendoza; de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas Altamirano, o San Jacinto Amilpas, Yolanda Adelaida Santos Montaño, de San Jacinto Amilpas, quienes no podrán formar parte de ningún Ayuntamiento o diputación.
“Por lo que se refiere a la 3 de 3 contra la violencia, las y los aspirantes deberán observar que no tengan sentencia firme por la comisión de delitos sexuales, de violencia familiar o violencia de género, incluida la violencia política; no ser declarada persona como deudor alimentaria morosa ni encontrarse en el registro de deudores alimentarios (y) no encontrarse activo o activa en el Registro Nacional y Estatal de personas Sancionadas con Violencia Política en Razón de Género”, reiteró la titular del IEEPCO.
Otros presidentes o ex presidentes municipales que no podrán contender por un cargo de elección en el actual proceso son Alberto Alfonso Mendoza Cruz, de San Lorenzo Cacaotepec, por haber incurrido, de acuerdo con el INE, en violencia simbólica, verbal y psicológica.
Otros presidentes y ex presidentes municipales que han recibido sanciones por violencia política de género son Ariel Osvaldo Ramos González, del municipio de Taniche; Brígida Santiago Hernández, de San Pedro y San Pablo Teposcolula; Daniel López Platas, de San Juan Guelavía; David García Martínez, de Huautla de Jiménez; Efraín Bautista García, de Santiago Chazumba; Elí Martínez López, de San Jerónimo Sosola, y Javier Moreno Colmenares, de Cuilápam de Guerrero.
También, Jesús Molina Mendoza, de La Reforma; Jesús Santiago Santiago, de Magdalena Apasco; José Méndez Ramírez, de Reforma de Pineda; Joselito Valencia López, de El Espinal; Juan Celso Santos, de San Cristóbal Amatlán; Manuel Miguel Ortiz Quintero, de Ayoquezco de Aldama; Manuel Navarro Ginez, de San Pedro Teozacoalco, y Marcial Floriberto García Morales, de San Andrés Ixtlahuaca.
Asimismo, María Asunción Contreras Castillo, de Concepción Pápalo; María de Lourdes Jiménez Liera, de Chalcatongo de Hidalgo y Maricela Morales Gutiérrez, de la Ciénega Zimatlán; también Valente López Rivera, de La Trinidad Vista Hermosa; Pedro Máximo Aquino, de Magdalena Ocotlán; Pedro Abelardo Baños, de San Juan Cacahuatepec, y Timoteo Valencia Vásquez, cuyo ayuntamiento no aparece especificado.
La lista completa puede ser visualizada en el siguiente vínculo: https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/.
De acuerdo con el Artículo 3 de los Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el INE será el responsable de diseñar y operar el Registro “a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como de integrar, actualizar y depurar la información sobre personas sancionadas en esta materia en el ámbito de su competencia.
Sin embargo, también se establece que los “organismos públicos locales electorales y las autoridades jurisdiccionales competentes serán los responsables de registrar la información relacionada con las personas sancionadas en la forma y términos que establezca el Instituto”.
Esperan ola de juicios
Las 133 personas sancionadas hasta el momento en Oaxaca de manera firme, se sumarán a las resoluciones que se emitan en las próximas semanas luego del proceso interno realizado por los partidos políticos para definir a sus candidatos y candidatas y donde no se descartan denuncias por violencia política.
De hecho, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEE) vaticinó que en el transcurso de los siguientes días se registre en la entidad una ola de procesos jurídicos relacionados con los procesos internos de los partidos políticos.
La titular de aquel organismo, Elizabeth Bautista Velasco, previó que el número de expedientes crezca entre 900 y mil 400 por ciento.
“El proceso electoral inició en septiembre de 2023… llevamos un total de 133 juicios exclusivamente del proceso electoral.
“He de comentar que hemos tenido procesos electorales anteriores donde hemos tenido alrededor de mil o mil 500 juicios por el proceso electoral… considero que podría incrementar en ese número”, señaló Bautista.
90 juicios por violencia política en proceso
Aunque resaltó que en 2024 no se han iniciado juicios por violencia política vinculada al actual proceso comicial, sí señaló que están en curso 90 procesos por hechos en los que han sido acusadas diferentes autoridades municipales y de partidos políticos.
“No tenemos ningún juicio en proceso electoral que tenga que ver con el tema de violencia política por razón de género hacia las mujeres…
“Sí tenemos de enero a la fecha, 10 juicios por Violencia Política por Razón de Género, pero estos juicios van más enfocados a quienes ya son autoridades y es en el ejercicio de su cargo.
“El año pasado recibimos 80 juicios por Violencia Política en Razón de Género; en la gran mayoría, también por la obstrucción del cargo”, resaltó.