México se quema, y no únicamente por los múltiples incendios, la sequía y las altas temperaturas registradas a lo largo del territorio mexicano. Sino por el estado social en el que viven gran porcentaje de los mexicanos ante una abrumadora agitación alimentada por el miedo y la frustración ante las oleadas de violencia y terror generadas por grupos del crimen organizado. Sumada al sentimiento de decepción por la desatención de las autoridades mexicanas, ya sea por inoperancia o por complicidad.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, durante el 2023 el 73.4% de la población consideró insegura la situación actual en su entidad federativa y el 62.7% argumentó sentirse insegura en su municipio o demarcación territorial. El 60.5% refirió que la tendencia de la seguridad pública en México seguirá igual de mal y puede empeorar, sobre todo, por la baja percepción de confianza en las autoridades.
Esta misma encuesta señala que las tres instituciones con mayores niveles de confianza son la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, caso contrario al de la FGR, Jueces, Policías ministerial y estatal, Ministerios Públicos, Policía Preventiva y de Tránsito Municipal, ya que, en promedio, tan sólo el 57.3% de la población confía en estas instituciones.
Datos alarmantes considerando que éstas son las encargadas de la administración de justicia en México, pero que explican por qué, de acuerdo con datos de la Cifra Negra 2023, del total de delitos ocurridos solo el 10% se denunció, y de este porcentaje el 46.1% tiene resultados en los cuales no pasó nada o no se resolvió la denuncia, así como también del incremento del 20% en delitos de extorsión, fraude y asalto.
El alarmante crecimiento de la violencia en México ha alcanzado a todos los estratos sociales, incluidos los migrantes. De acuerdo con datos de la consultora Data Cívica, el mes de febrero de 2024 registra 58 eventos, entre asesinatos, ataques armados o amenazas, asociados con la violencia político-criminal, lo que representa un incremento del 38.1% con respecto a enero, y del 100% en comparación con el mismo mes en el 2023. Del total de estos eventos, 25 fueron en contra personas asociadas con MORENA y 10 del PAN, siendo Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Jalisco los estados con mayor violencia político-criminal.
Por otra parte, de acuerdo con “La tendencia nacional de delitos 2018-2023” estudio realizado por Instituto Belisario Domínguez, a nivel nacional, del 2018 al 2023 se registra una tasa de crecimiento del 25.52% en el delito de extorsión y del 2.32% en delitos por homicidio culposo. Sumado a esto, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 revela que durante el año 2022 existe un incremento del 171.71% de reportes de personas desaparecidas (18,028) y de personas no localizadas (12,139) en comparación con el 2021.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, en su boletín de estadísticas sobre delitos perpetrados en contra de migrantes, señala que del 2016 al 2022 incrementó un 5% el número de migrantes que manifestaron haber sido víctimas de algún delito en territorio mexicano. Sin embargo, estos datos son engañosos tomando en cuenta que solo consideran a los migrantes instalados en estaciones migratorias y oficinas central del Instituto Nacional de Migración. Pero que, en la realidad, el escenario es de terror, tan sólo el pasado 20 de marzo 95 migrantes fueron secuestrados en su paso por Tapachula, Chiapas.
Diversos analistas coinciden en que los altos niveles de violencia es consecuencia de la consolidación del crimen organizado en la participación de delitos del fuero común para recaudar ingresos y mantener sometidas a las poblaciones desprotegidas por las autoridades.
Ante este delicado panorama, el mandatario nacional continua firme en su estrategia de “Abrazos, no balazos”, situación que ha generado descontento en todos los sectores de la sociedad mexicana. Y aunque hasta cierto punto el papel del presidente no es crear psicosis, menos hablar mal de su gobierno, la inseguridad nacional ya se encuentra en niveles alarmantes.
Una crisis nacional que afecta directamente a la población vulnerable, padeciendo delitos como el pago de derecho de piso, o, como en Chiapas, con los desplazamientos forzados, con la posible hipótesis que estos actos no sólo son para controlar la frontera sur, sino también para disponer de tierras fértiles en la selva para sembrar droga e instalar laboratorios. Ante esto, la frase “Primero los pobres” cobra un significado distinto al que se pensaba, tal parece que para el gobierno federal los pobres debemos ser los primeros en soportar las inclemencias del crimen organizado.
En esta retórica, cuando se la ha cuestionado sobre la seguridad pública, el presidente desvía las acusaciones hacía las decisiones por parte de los gobiernos del pasado. Método utilizado en todo tema que afecte a su gestión, aunque cuenta con sucesos preferidos, como, por ejemplo, lo relacionado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como Fobaproa, creado en 1990 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y el cual básicamente hizo que la deuda privada de la banca pasara a ser pública.
Pero más allá de los términos económicos, el Fobaproa de Gortari y Zedillo fue una aberración creada para solucionar la problemática de una minoría a costillas de la mayoría. No obstante, el presidente Obrador cuenta con uno propio, el Fondo del Bienestar de Abrazos y Protección de Andrés (Fobaproa). Con el cual las organizaciones criminales del narcotráfico y de cuello blanco cuentan con la certeza de recibir, consecuencia de sus acciones ilícitas, una condena de abrazos llenos de amor y bienestar. El Fobaproa de Obrador, no tiene mucha diferencia con el de Gortari y Zedillo, ambos benefician a una minoría, con intereses que pagaremos la mayoría por muchos años más.
Aunque los buenos somos más, existe el temor hacía los métodos de acción del crimen organizado y la complacencia de las instituciones gubernamentales. Al respecto, es necesario implementar estrategias para disminuir el poder financiero y social de las organizaciones criminales. Una primera estrategia debe de centrarse en un proceso para la legalización de las drogas, y aunque para el sector más conservador esta idea podría ser considerada descabellada, lo cierto es que, en ciudades como Zúrich, Londres o Ámsterdam, existe un descenso significativo de la cifra de fallecidos y de la delincuencia vinculada a la drogodependencia.
Lo anterior de acuerdo con Adrien Kay, portavoz de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, quien reconoce que esto no soluciona en un 100% todos los problemas asociados al tráfico y consumo de drogas, pero si los afronta de manera digna y socialmente responsable. Implementando el modelo de los cuatro pilares: educación, prevención, terapia y reducción de daños.
En segundo lugar, incentivar una ley que termine con el monopolio de la comercialización de armas y permita la compra de armas para uso en la defensa de la propiedad privada, aprovechando políticas públicas existentes como el servicio militar, para adiestrar a ciudadanos en el uso de armas en el escenario civil. Esto considerando que todo delito es un tipo de actividad económica que, si cuenta con mayores beneficios que costos por realizarla, crecerá. Es decir, si el costo esperado de un delincuente es recibir abrazos, disfrutar del débil y corrupto sistema acusatorio mexicano y de la baja probabilidad que su víctima se encuentre armado, su beneficio esperado aumentará.
En relación con lo anterior, y como una tercera estrategia, es necesario legislar para fortalecer al sistema penal acusatorio y poder contar con sanciones más severas para aquellos criminales reincidentes de delitos graves. De acuerdo con datos del Sistema Penitenciario en México, a nivel nacional el 23% del total de los internos son reincidentes.
En conjunto, son propuestas que pueden generar rechazo y oposición por parte de conversadores y los promotores del enfoque del humanismo y el bienestar, sin embargo, son acordes a la situación actual del país. Con niveles de inseguridad y violencia que están generando inestabilidad social y escenarios parecidos a una guerra civil. Además, para la población que ha padecido y está padeciendo de las consecuencias de la estrategia de abrazos, no tomará en cuenta la ideología política de dichas estrategias, sino su efectividad para regresarles su tranquilidad.
En México, aunque nuestra constitución obliga a los gobernantes, incluido el presidente, asegurar las condiciones de seguridad a las familias utilizando los métodos y medios necesarios, poniendo por encima el bien de la sociedad, lo cierto es que no se ha logrado concretar, aún y cuando la sociedad que otorga su voto, lo exige y lo merece.
Actualmente contamos con un presidente que, por ideas, creencias o principios personales, y a pesar de que tiene los servicios de inteligencia suficientes para ubicar a los criminales y detenerlos, ha preferido ver sufrir a su pueblo. Porque, ¿cómo es posible que los criminales se paseen con vehículos blindados adaptados para guerra y no se cuenta con la ubicación exacta? ¿Cómo es posible que secuestren familias completas para reclutamiento forzado? ¿Cómo se ha permitido que carteles de criminales dominen amplios territorios como ocurre a la vista de la Nación en Guerrero y Michoacán? Más pareciera una complicidad de closet.
Más allá de las próximas elecciones y de quién gane y gobierne después, se debe de estar dispuesto a destruir a los carteles de criminales para dar tranquilidad a las familias mexicanas. Ya no se trata de culpar al pasado, o de quienes originaron y permitieron el crecimiento de este cáncer social, se trata de extirparlo. En 1995, el partido dominante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevaba arrastrando varios escándalos a los que se sumó el Fobaproa, todo ello terminó en perder una elección presidencial cinco años después en el 2000, ¿sucederá lo mismo con Morena?
