La Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) nombrar a un presidente o presidenta provisional tras la suspensión de un año decretada contra la actual titular Elizabeth Sánchez por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
A través de un escrito dirigido a los integrantes del Consejo General del IEEPCO, el organismo federal indicó que el nombramiento será provisional “en tanto la situación jurídica de la Consejera Presidenta se actualice, o bien, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral nombre a la Presidenta o Presidente Provisional, en términos del artículo 32, numeral 1 del Reglamento, para el caso de una ausencia temporal mayor a treinta días”.
El documento explica que la determinación emitida se desprende de dos oficios recibidos por el INE: el IEEPCO/SE/1216/2024 e IEEPCO/SE/1231/2024, de fechas 10 y 11 de abril de 2024, respectivamente.
A través de aquellas notificaciones, se remitió el similar TJAyCCO/SEMACC/1521/2024, suscrito y firmado por la Actuaria Adscrita a la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, por medio del que se notifica una sentencia emitida el pasado dos de abril.
La Comisión, que encabeza Dania Paola Ravel Cuevas, resalta que la resolución acredita la responsabilidad de la Consejera Presidenta del Organismo Público Local, así como de Noemí Sánchez Gutiérrez, quien fungió como Encargada de Despacho de la Coordinación Administrativa, en la comisión de la falta administrativa grave de desvío de recursos públicos.
Ante ello, se les impone la sanción administrativa de inhabilitación temporal por el periodo de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
