La presidenta suspendida del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, denunció que las autoridades estatales han emprendido una persecución política, administrativa y penal en su contra, por lo que teme que sea privada de la libertad.
En una misiva divulgada este día, Sánchez González acusó que tras la inhabilitación de un año en su contra, promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa; ahora, el Poder Judicial de Oaxaca ha comenzado una campaña de hostigamiento al notificarle a la medianoche del pasado 16 de abril, sobre una presentación judicial ordenada por un juez de Control de San Francisco Tanivet.
“Hoy en día, los procedimientos han transitado de lo administrativo a lo penal en una clara utilización política de las instancias judiciales, incurriendo incluso en hostigamiento, ya que el día 16 de abril el Juez de Control de Tanivet libró una orden de comparecencia y ese mismo día a la medianoche acudieron a mi domicilio a tratar de notificarme un citatorio judicial, con la clara intención de amedrentarme”, condenó la consejera.
“Por lo que desde este momento denuncio la intención evidente de privarme arbitrariamente de mi libertad”, subrayó.
La funcionaria reiteró que recurrirá a todas las instancias legales para defenderse de las imputaciones que ha recibido.
“Reitero la falsedad de los señalamientos en mi contra, agotaré todas las instancias legales internas y de ser necesario acudiré a instancias internacionales hasta limpiar mi imagen.
“No permitiré, por ningún motivo, que mi caso se convierta en el ejemplo de lo que les puede pasar a las mujeres que no son condescendientes con un sistema racista, clasista, machista, misógino y patriarcal al interior de las instituciones y de los gobiernos, ni a las formas tradicionales de ejercer un cargo o presidir una institución”.
Sobre su inhabilitación por un año a raíz de haber sido administrativamente responsable de la falta de desvío de recursos, por casi 20 millones de pesos, refirió que el proceso en su contra “se enmarca en una persecución política y administrativa que inició en mi contra el encargado de despacho de la Contraloría General del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, a quien los intereses económicos le nublaron la vista y dedicó todo el 2023 y lo que va de este año para presionarme en la toma de decisiones administrativas, y denostar mi imagen y mi desempeño en el cargo”.
En ese sentido, afirmó que Cruz “ha iniciado auditorías y procesos administrativos de asedio contra mi equipo de trabajo administrativo, sobre todo, contra mujeres, actos que, durante la presidencia anterior, encabezada por un hombre, nunca tuvieron lugar”.
Abundó: “Hablamos de un Encargado de Despacho, designado por una Comisión del Congreso estatal sin facultades para realizar ese nombramiento, por lo que todos sus actos son ajenos a la legalidad”, reclamó.
“No es fortuito que el Congreso del Estado haya emitido recientemente una convocatoria para designar, ahora sí, legalmente, a la persona que ocupará la Contraloría General”, abundó.
