En días recientes, circuló un documento firmado por Yenny Pérez Martínez, actual secretaria general del Comité Ejecutivo de la Sección 22 y su secretario de organización, César García Zurita. En el cual se daba a conocer la determinación a la que llegó la Comisión de Honor y Justicia del gremio magisterial, inhabilitando a 118 trabajadores de la educación que estuvieron en la estructura sindical del Comité Ejecutivo Seccional (CES) durante el período 2017-2022. Como consecuencia de presuntas irregularidades cometidas por el citado comité, incluidos Eloy López Hernández exsecretario general, el exsecretario de organización, Genaro Martínez Morales y el exsecretario de finanzas, José Carlos López. Siendo un hecho sin precedentes para el magisterio Oaxaqueño.
Este dictamen es la conclusión de un proceso que no iniciaría precisamente el 24 de junio del presente año cuando se comunicaba por medio del oficio 026 que, con base en los resolutivos del XII Precongreso Democrático de la Sección 22, la Comisión de Honor y Justicia nombrada en la Asamblea Estatal del 2 de diciembre del 2023, se recibirían por escrito, y en el periodo que comprende del 25 de junio al 25 de julio del presente año, todas las denuncias de irregularidades cometidas por la gestión del CES correspondiente al periodo 2017-2022.
Por el contrario, este proceso tendría, probablemente, su origen en la mañanera oaxaqueña del 22 de mayo del 2023, cuando en el contexto de movilizaciones realizadas por parte del gremio magisterial, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, declaraba que no existía ninguna razón para movilizarse por parte de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En esa mañanera, el mandatario también señalaría que durante la administración de Alejandro Murat, Eloy López y su asesor Irán Santiago, mantuvieron el control del movimiento, recibiendo privilegios para desmovilizar a la base.
Aseverando, que los exdirigentes magisteriales obtuvieron diputaciones federales y candidaturas a presidencias municipales, afirmando que, y cito, “este tipo de personajes son quienes pretenden desinformar, sin importar el mejoramiento de la educación en Oaxaca”, y de los cuales según el mismo gobernador Salomón, contaba con pruebas de lo dicho sobre estas acciones. Como, por ejemplo, el desfalco que el gobernador haría público, sobre poco más de 73 millones de pesos, los cuales fueron ocultados por los líderes magisteriales y el gobierno de la administración anterior, derivado de un impuesto sobre la renta que mermó los ingresos de las maestras y los maestros.
Tan sólo unos días después, el 30 de mayo del 2023, la secretaria general Yenny Aracely Pérez, se deslindaba de los señalados exlíderes sindicales. Esta declaración coincidía con lo dicho en la conferencia que ese mismo día ofrecía Emilio Montero, titular del IEEPO, donde afirmaba que el gobierno anterior entregó 20 millones de pesos a la dirigencia para la organización de la guelaguetza magisterial.
Para diciembre del 2023, se creaba la Comisión de Hornor y Justicia, y para junio de este año, y al no existir indicios por parte del Salomón Jara para comprobar sus acusaciones, se publicaba una convocatoria que exhortaba a todos los integrantes de la sección 22 para presentar denuncias por escrito, sin explicitar que debían de estar acompañadas de las pruebas correspondientes. Iniciando con esto lo que en el viejo contexto político se le conoce como cacería de brujas.
La noticia de la inhabilitación ha generado análisis desde distintos enfoques, y no es para menos, en primer lugar, porque por primera vez se utiliza el término “inhabilitación”, característico para las instituciones de gobierno, en un movimiento supuestamente democrático. En segundo lugar, porque que esta decisión, que posiblemente no se previó por parte del actual CES, indudablemente provocará consecuencias. Como, sentar un precedente de inhabilitación o suspensión de derechos sin concluir un procedimiento de investigación, lo que a su vez deriva en un estado de indefensión, anulando la garantía de audiencia o derecho a la defensa. Violando el principio universal del Derecho que dicta que nadie debe de ser condenado sin ser escuchado, pero que, en este caso, se inhabilitó sin concluir el procedimiento.
Otro problema grave es que al no existir claramente una pena por una conducta indebida, no se establece delito alguno como reza otro principio universal del Derecho que dicta donde la ley no distingue, no hay porqué distinguir. Es decir, lo que no está en la ley no se reconoce como un delito.
Y en el caso de la Sección 22 no existen normas, solo principios rectores para la interpretación a modo del mejor posicionado. Con esto, también se pasa por alto otro principio universal del Derecho, que sostiene que todo aquel que acusa esta obligado a probar sus dichos, dado que lo único que se sabe es que la decisión se basa en denuncias por escrito.
En conjunto, se crea un precedente que ya alcanzó a todos los miembros del pasado CES. Ocasionando con esto que todo integrante del magisterio Oaxaqueño vivirá, a partir de hoy, en la zozobra de recibir en cualquier momento una denuncia prefabricada. Lo más grave es que este suceso puede desencadenar una implosión al interior de la Sección 22, causando una autodestrucción en beneficio del gobernante en turno, que no tendrá que esforzarse para destruir al movimiento magisterial. Un servicio completo al gobernador en turno, al IEEPO y a la SEP.
Y aunque esta clara confronta entre el gobierno de Salomón Jara y el magisterio Oaxaqueño pudiera ser algo reciente, lo cierto es que ya existe historia entre ambas partes.
Hay que recordar que Salomón Jara, nunca tuvo identidad con la Sección 22, han sido aliados coyunturales, pero nunca tuvieron identidad y compromisos homogéneos. Por ejemplo, en el 2019 el entonces senador Salomón Jara, no votó la Reforma Educativa que beneficiaba al magisterio Oaxaqueño; Jara siempre fue aliado del hoy Presidente, y éste ha contado siempre con el respaldo magisterial, pero esto no ha significado que los aliados de uno sean los aliados del otro.
Por su parte, en el proceso electoral del 2022, la Sección 22 no participó en el proceso electoral en el que resultó ganador Salomón Jara, siendo evidente que no existió el llamado voto duro de Morena que se realiza para ayudar a algún candidato en particular. Esta acción tuvo como consecuencia que, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se registró un 62.6% de abstencionismo, siendo Oaxaca la entidad que en ese proceso electoral registró el menor porcentaje de participación ciudadana. Nunca como en la elección del 2022, se vio ausente al magisterio oaxaqueño.
Otra variable en esta ecuación, es la conocida estrategia que durante el gobierno de Alejandro Murat le funcionó a la Sección 22, aplicando la política de dejar hacer, dejar pasar, con lo que el gremio magisterial comenzó a recuperar espacios en el IEEPO que perdió en el 2016 con la creación del “Nuevo IEEPO”. Para el año 2019, la Sección 22 fue ganando aún más espacios, donde indudablemente, su intención es el control total del IEEPO. Tema que no es menor.
Todos los datos y hechos anteriormente planteados permiten deducir que el escenario actual pretende provocar un cisma político para beneficiar a la cúpula principal del actual gobierno estatal. Y continuar con la línea de provocación del gobernador, como es su estilo, que anhela controlar a todos los actores políticos del estado antes que el efecto AMLO termine. Ya que Salomón Jara sabe de antemano que una débil participación ciudadana en las votaciones pasadas significa que si ganó fue por un elemento externo y no por la aceptación de los Oaxaqueños.
Es evidente que para que este plan tuviera éxito, era necesario el apoyo interno, utilizando a la actual dirigente del CES y a su equipo político, de los cuales se sabe, también a través de argumentos sin fundamentos como los que están utilizado para hacer acusaciones, han buscado posiciones en el gobierno estatal, tanto en el poder ejecutuvo como en el legislativo.
La relación entre el actual CES y el gobierno es tan transparente que a pesar de estar a la vista no se ve, al grado de implementar la medida de inhabilitación que sólo es utilizado por instancias de gobierno porque está previsto y contenido en las leyes con figuras específicas de conductas sancionables. Que, para el caso de la Sección 22, todo queda a la interpretación de los principios rectores y a la fuerza de los votos en la asamblea estatal de la corriente progobierno que pretende implosionar al movimiento magisterial para debilitarlo y destruirlo.
Y aunque se intente tapar esta operación bajo la cortina de humo cuyo planteamiento establece que se busca erradicar la corrupción en el gremio magisterial, lo cierto es que con esto se genera más incertidumbre que certeza.
En primer lugar, se da por hecho que la corrupción se inicia con el CES anterior, y no como un fenómeno que lleva muchas décadas existiendo. Olvidando, por ejemplo, todas las incidencias que heredó el CES del 2017-2022, derivados de tráfico de plazas sin ningún tipo respaldo presupuestario de los años 2014, 2015 y 2016. Incidencias en las cuales existieron maestros que trabajaron meses y, en algunos casos años sin cobrar, inaugurando con esto la esclavitud moderna del trabajo sin paga dentro del personal educativo en el estado de Oaxaca.
Sin duda la corrupción es de larga data, pero no se castigará para no mostrar la decadencia del movimiento magisterial, tan sólo se castigará, como ya se esta demostrando, a todos los integrantes del CES 2017-2022, para cerrarar el capítulo de corrupción dentro de la Sección 22. No obstante, se habrá sentado un precedente que en cualquier momento se puede perseguir a cualquiera.
En este punto, se dejan al aire algunos cuestionamientos obligatorios, ¿Qué pasará si en los próximos meses existiera una denuncia en contra de la actual secretaria general? ¿También se le aplicará el mismo procedimiento de inhabilitarla y reemplazarla sin concluir un procedimiento de investigación? ¿Qué sucede con los actos de corrupción de los actuales procesos de asignación de plazas en todos los niveles educativos donde también se sabe de la falta de transparencia en dichos procedimientos?
Es importante señalar que la opinión aquí expuesta es una interpretación y deducción que toma en cuenta datos conocidos al ser publicados en diversas fuentes, no siendo una defensa de los denunciados. Por el contrario, todos deben de responder por sus actos y asumir las consecuencias de sus conductas, pero no a través de un proceso que sentencia a los acusados sin un procedimiento de investigación. Siendo esta, una estrategia Porfiriana de “primero fusila, luego averiguamos”. Donde el plan es ejecutado por la actual dirigente del CES y su equipo político, pero cuyos autores intelectuales se encuentran en las altas esferas del gobierno estatal. Reiterando que, y tal y como se ha planteando en los párrafos anteriores, generará consecuencias que pueden ser el origen del fin de un movimiento magisterial que se ha autoreputado como democrático.
