Álvaro Morales/Mario Romero
La Iglesia Cristiana Interdenominacional acusó al gobierno de Oaxaca de actuar con omisión e intentando minimizar la gravedad de los ataques sufridos por los seguidores de aquella agrupación religiosa en la ranchería de Cerro Cajón, en la agencia de San Isidro Arenal, en el municipio de San Juan Lalana, donde ocho personas han sido retenidas en las últimas dos semanas, además de que su templo ha sido quemado y la población expulsada de ese territorio.
En una conferencia de prensa y protesta realizada al pie del monumento a Benito Juárez en el cerro de El Fortín, en la ciudad de Oaxaca, representantes de la organización recriminaron que las autoridades estatales no están haciendo valer la Constitución, que garantiza la libertad de culto, gracias a las leyes que impulsó Benito Juárez.
“La libertad de creencia fue algo que él impulsó y dejó por escrito, allá por 1860; sin embargo, en este tiempo que estamos viviendo, ese legado de Benito Juárez realmente no está siendo cumplido.
*Cuando él firmó esta ley firmó un cheque a favor de todos los ciudadanos mexicanos. Cualquiera que sea su color, cualquiera que sea el rincón donde viva, firmó un cheque que garantizaba que somos libres de profesar la religión que nosotros tengamos… pero ese cheque no ha podido ser cobrado porque quien debería velar porque esto sea una realidad no lo ha hecho”, cuestionó Azael Ramírez Miguel, pastor presbiterial en Oaxaca.
El representante de la organización reiteró que los ataques contra los fieles de Cerro Cajón, en San Isidro Arenal, se iniciaron desde noviembre de 2023, cuando uno de sus pastores fue detenido por la autoridad local y el resto de la comunidad evangélica comenzó a ser acosada.
Agregó que a pesar de que denunciaron los hechos desde el nueve de enero de 2024, el caso nunca se abordó de manera eficiente, lo que provocó que éste se agravara el pasado seis de agosto, cuando fueron quemadas instalaciones de la iglesia y días después retenidas ocho personas, entre pastores, creyentes y una ciudadana no vinculada con la congregación.
Condicionamientos
De hecho, afirmó que, al comienzo de año, las autoridades estatales condicionaron su intervención en el caso a cambio de que los integrantes de la iglesia borraran los antecedentes sobre las agresiones sufridas que ya circulaban en redes sociales.
“Fuimos oportunos en presentar nuestra queja y nuestra queja tiene como fecha de recepción el día nueve de enero de este año; para el día 17 de ese mismo mes, fuimos llamados para una actividad de conciliación; sin embargo, fue una plática solamente con las autoridades.
“Circulaban ya en redes sociales todos los atropellos que estaban ocurriendo, pero esto hizo que las autoridades, sobre todo la Dirección de Asuntos Religiosos, nos propuso que bajáramos todo de internet y ellos actuarían. “Han pasado 10 meses de que nuestros hermanos están sufriendo, han pasado 10 meses que están viviendo en la zozobra”, abundó Ramírez Miguel.
“Se han cometido delitos que en otro lugar ya se hubiera ejecutado una sentencia. Lo lamentable es que lo que Juárez nos expresó no tiene cumplimiento en la presente administración”.
Agregó: “Sin duda alguna que como cristianos somos respetuosos de lo que está ocurriendo en cuanto a nuestras autoridades, somos respetuosos de las autoridades, pero no podemos dejar de señalar que han minimizado el problema diciéndonos que no está ocurriendo nada, que han tratado de todas formas de hacernos ver como una minoría cuando el pueblo evangélico en este estado es muy numeroso”.
Además del orador, en la conferencia de prensa participó el abogado Porfirio Flores y Nemesio Salinas, pastor adjunto en el Presbiterio de Oaxaca.
