Al considerar que se trata de un “golpe de Estado técnico”, más de mil jueces de distrito y magistrados de circuito de todo el país pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) activar el mecanismo contemplado dentro del Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) a efecto de garantizar los derechos humanos de la sociedad mexicana “que se encuentran bajo asedio con el proyecto de dictamen de la llamada ‘reforma judicial’”.
De acuerdo con los promoventes, las modificaciones que impulsan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo implican un “grave detrimento de la democracia representativa y que, de aprobarse, abriría un camino sin retorno a un golpe de Estado técnico”.
Indicaron: “Quienes firmamos esta solicitud, más de mil personas juzgadoras federales del Estado mexicano, nos dirigimos a esa ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de solicitarle respetuosamente que ejerza sus funciones y atribuciones derivadas del articulo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que garantice los derechos humanos de la sociedad mexicana que se encuentran bajo asedio con el proyecto de dictamen de la llamada ‘reforma judicial’”.
Juezas, jueces, magistrados y magistradas afirmaron que no es su prioridad salvaguardar sus derechos laborales sino “defender los derechos humanos y la democracia que los hace posibles”.
Tras denunciar que las modificaciones que pretenden realizar los poderes Ejecutivo y Legislativo federales atentan contra la autonomía del Poder Judicial solicitaron a la CIDH activar al máximo de sus probabilidades “las muy diversas competencias y atribuciones que los propios Estados Miembros de la OEA le han asignado”.
Lo anterior, “para evitar que en México se consume la grave ruptura del orden democrático que estamos documentando en este escrito y muy específicamente para evitar el desmonte de los órganos de control al poder y de garantía efectiva de los derechos humanos, dentro de los que están incluidos quienes suscribimos”.
Así, los juzgadores pidieron a la CIDH solicitar al Estado mexicano que remita toda la información, documentales y consideraciones fácticas o juridicas sobre la manera como cumplirá con los estándares interamericanos en materia derechos humanos en proceso de discusión, y eventual aprobación e implementación del proyecto reforma judicial.
Asimismo, que después de valorar la real situación de la democracia en México incluir a México “dentro del Capítulo IV, inciso de su Informe Anual ante la Asamblea General, al igual que se ha hecho con estados como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala”.
También solicitaron “ofrecer al Estado mexicano asistencia técnica sobre los estándar interamericanos en materia de independencia judicial, acceso a la justicia, derechos políticos y democracia, así como derechos sociales y laborales en el marco proceso de reforma constitucional en curso”.
Asimismo, abrir de oficio una audiencia pública en su próximo periodo de sesión en donde las personas afectadas por la Reforma, tanto justiciables como integran del Poder Judicial, puedan exponer sus argumentos ante la CIDH.
En quinto lugar, demandaron ejercer “sus buenos oficios” para que el Estado mexicano otorgue su anuencia para la realización de una observación “in loco” conforme al artículo 57 del Reglamento, a fin de conocer la presente situación, recibir información de diversos actores y escuchar testimonios de quienes suscribimos esta solicitud y de la sociedad en general.
Además, elaborar un informe sobre la situación por la que atraviesa México en materia de democracia e independencia judicial e instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento sobre la temática.
Agregaron: “Tramitar la presente solicitud de manera independiente a cualquiera otra que se haya recibido por la CIDH sobre la misma materia, dándole el mayor efecto útil a la Convención Americana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos del corpus iuris interamericano que resulten aplicables”.
Finalmente, llamaron a la Comisión Interamericana a solicitar al Estado mexicano “evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso legislativo de reforma judicial en curso, para realizar una revisión integral y exhaustiva de la Convencionalidad del proyecto de reforma, la cual podría realizarse mediante un mecanismo debidamente acordado ante la CIDH entre el propio Estado mexicano y los suscritos”.
En la sexta página de la solicitud se resalta lo siguiente: “Como se puede apreciar, los cambios constitucionales que se encuentran en curso revelan que, bajo el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales, está oculta una agenda tendente a la captura, cooptación y sometimiento ahora también del Poder Judicial.
Lo anterior, “bajo una sola corporación política que de llegar a cristalizar sus pretensiones materializaría un golpe de Estado técnico, en tanto que ubicaría al estado mexicano en una misma posición que décadas atrás se lograba por medio de las armas en la región latinoamericana, es decir, en una dictadura de facto”.
