Hace 14 años fueron asesinados los activistas Bety Cariño Trujillo y Jyri Jaakkola de origen finlandés durante una emboscada cuando llevaban ayuda humanitaria a la comunidad de San Juan Copala, en la Mixteca de Oaxaca. Lejos de esclarecer, el crimen apunta a quedar en la impunidad.
“Ya hay poco que hacer”, lamenta Omar Esparza Zárate, esposo de Bety Cariño y actual dirigente de la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).
El Estado mexicano, explica, nunca garantizó la protección de los testigos del doble asesinato, pese a la recomendación y medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); mientras que los probables responsables de este crimen, fueron quedando en libertad.
Por temor, los testigos ya no quieren comparecer ante las autoridades; algunos se fueron del estado de Oaxaca, y los que quedan, consideran que no existen las condiciones de seguridad para declarar y señalar a los culpables, revela Omar Esparza.
Bety Cariño y Jyri Jaakkola fueron asesinados en una emboscada el 27 de abril de 2010, último año del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz cuyo sexenio estuvo marcado por la revuelta política y social de los años 2006 y 2007, originada a partir del conflicto laboral sindical con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Entonces, San Juan Copala tenía la categoría política de municipio (actualmente es agencia de Santiago Juxtlahuaca), y la disputa violenta por el control político de esta población considerada o llamada el centro ceremonial de la etnia triqui entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), provocó el desplazamiento forzada de sus habitantes; en tanto que, los que se quedaron, se encontraban en estado de sitio por la violencia.
La entonces dirigente de CACTUS, Bety Cariño, junto con una caravana de activistas entre los que se encontraba Jyri Jaakkola, llevaban ayuda humanitaria a San Juan Copala; pero fueron atacados con armas de fuego en el camino y ambos murieron. La Ubisort fue la organización señalada como responsable de este ataque.
En septiembre de 2022, fueron liberados los cuatro miembros de la Ubisort que estaban detenidos y acusados de los delitos de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación, al haber participado en la emboscada armada contra una misión civil de paz en las inmediaciones de San Juan Copala, en la que se encontraban Cariño y Jaakkola.
Para Omar Esparza, en este escenario, ya no hay ninguna posibilidad de obtener justicia, ni siquiera posibilidades de continuar por la vía jurídica o con acciones jurídicas; menos ahora, dice, que nuevamente se ha agudizado la inseguridad en la región Triqui. “No hay garantías de protección para las personas, para los compañeros. Muchos de los que fueron detenidos, ya fueron liberados, y ningún testigo va a venir a declarar.
El dirigente de MAIZ precisa cada uno de los testigos prefirió “no acompañar” el proceso judicial ni asistir a las audiencias en las que se estaba litigando el caso para llevar a los culpables a prisión.
Aún así, señala que han demandado una reunión con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para conocer cuál es su postura en relación al asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola; el año pasado, agrega, ni siquiera fueron recibidos por el Fiscal General de Oaxaca, y en el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, nunca los atendieron.
El asesinato de los dos activistas en una emboscada en las inmediaciones de San Juan Copala, recuerda, es un tema que aún sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), y por el que se han realizado campañas internacionales para exigir justicia. La más reciente es la campaña “Semillas que florecer” que estuvo en varios países de Europa, y con la cual se busca visibilizar la impunidad; también, se busca que pueda ayudar a un proceso de diálogo en la región Triqui, y lograr la paz entre las comunidades y organizaciones.
