– El presidente de Litigio Estratégico Indígena informó que la iniciativa de reforma original presentada por el INPI, fue “rasurada” por la Consejería Jurídica del gobierno de López Obrador.
El presidente de Litigio Estratégico Indígena, Carlos Morales Sánchez, aseguró que el dictamen de reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, propuesta del partido Morena y del Ejecutivo federal, no representa un avance real en la protección de los pueblos y comunidades indígenas.
En primer lugar, dijo, reconoce su derecho a la tierra y el territorio, y por tanto no tendrá ningún efecto práctico porque sólo es retórico su reconocimiento como sujetos de derecho público.
“No va a tener ningún efecto práctico el hecho de que los pueblos indígenas sean sujetos de derecho público en virtud que se requiere ser sujeto de derecho público, pero para administrar el territorio y las riquezas del subsuelo”.
Como la reforma constitucional no da ese reconocimiento pleno, puntualizó, entonces el avance sólo es “retórico”.
Otro de los aspectos que destacó del dictamen, que se incorpora en la Constitución federal la nación de la consulta previa que únicamente estaba reconocida por el Estado mexicano en los tratados internacionales, especialmente en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); pero esta incorporación, explicó, es innecesaria.
El abogado y activista de derechos humanos y ambientales, recordó que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había desarrollado el tema de la consulta previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas cuando resolvió el amparo 1144/2019 y ordenó al Congreso de la Unión la construcción de la Ley de Consulta Previa e Informada para los pueblos indígenas; orden que no acataron o desobedecieron los legisladores federales.
“Pero es importante decir que no ha hecho falta el reconocimiento constitucional en virtud que ha sido la jurisprudencia de la SCJN que la ha detallado”, agregó.
Carlos Morales manifestó que otro de los puntos preocupantes del dictamen de reforma, es que elimina la figura del defensor con conocimiento de lengua y cultura para los pueblos indígenas; figura que se creó con la reforma del 14 de agosto de 2001.
Pero ahora, la reforma de Morena y de López Obrador, se aparta de la visión de los acuerdos de San Andrés y ya no exige que los abogados conozcan la lengua y la cultura, sólo exige que sean abogados con especialización en materia indígena.
Esto, señaló, menoscaba el derecho de los pueblos porque las especializaciones no garantizan conocimiento de las culturas indígenas.
Morales Sánchez también mencionó que la reforma original propuesta por el INPI fue modificada por la Consejería Jurídica del gobierno federal, quedando reducida a una modificación del artículo segundo constitucional.
