– México, además, enfrenta otras demandas en la que los inversionistas reclaman el pago de 13 mil 635 millones de dólares, según el informe “Radiografía del poder trasnacional en México, el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias”.
Un grupo de empresas trasnacionales ha ganado demandas contra el Estado mexicano, por las cuales ha sido condenado a pagar 342 millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización, según el informe de Transnational Institute y del Institute for Policy Studies.
Además, México tiene pendientes otras 23 demandas en la que la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a 13 mil 635 millones de dólares; el documento, sin embargo, advierte que el monto es aún mayor, porque en nueve de las 23 demandas no se conoce el monto reclamado por el inversionista.
El informe “Radiografía del poder trasnacional en México, el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias (septiembre de 2024)”, señala que con 55 demandas México es el tercer país más demandado a nivel regional y el cuarto país más demandado del mundo. Veinticinco de las demandas se presentaron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y alcanzó su pico más alto en el año 2023, cuando las empresas trasnacionales interpusieron 11 demandas en contra de México.
También detalla que 93 por ciento de las demandas fueron interpuestas por inversionistas estadounidenses, canadienses y europeos.
De los más de 13 mil millones de dólares por los que México está siendo demandado, más de la mitad, 6 mil 700 millones de dólares, corresponden a demandas de empresas mineras. Sólo en 2023, México recibió cuatro demandas con relación a proyectos mineros, aunque las más espectaculares de estas demandas son de 2019.
En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del T-MEC, la minera estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificaron su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN. La demanda tiene su origen en una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano ha impedido que la empresa explote dos predios”.
La empresa, precisa, interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 por un monto de alrededor de mil 900 millones de dólares. “El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho un llamado a llegar a un acuerdo con Legacy Vulcan LLC, ofreciéndole facilidades para desarrollar, en vez de la mina, un desarrollo turístico, y hasta ofreciéndole a la empresa de comprar el predio de extracción por más de 389 millones de dólares”.
En 14 casos, los tribunales de arbitraje decidieron a favor de los inversionistas, en tres de ellos se desconoce el monto; en el resto, 11, el monto a pagar por el gobierno mexicano es superior a los 341 millones de dólares.
“Esta cifra representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2024, y es aún mayor al presupuesto total que México prevé en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura juntas. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta la grave situación de derechos humanos y el número creciente de desaparecidos/as en México”, apunta el informe.
Mientras que, con las demandas pendientes por más de 13 mil 635 millones de dólares, asegura que con este dinero se podría financiar durante tres años el trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto en 2024 es de 4 mil 300 millones de dólares y durante 82 años al programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva.
El informe sostiene que la estrategia económica de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro.
“Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida, como ha sido el caso de Talos Energy vs México, que no se llegó a registrar. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un caso importante del llamado “efecto congelador “ (o chilling effect, como se le conoce en inglés) y de cómo se ha usado por primera vez el Anexo 14-D del T-MEC para amenazar efectivamente a México”.
