La militarización de la seguridad pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha dado resultados para reducir la situación de violencia e inseguridad que vive el país, según un informe de la organización Causa en Común.
El documento “Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2024)”, advierte además, que el crecimiento en funciones y presupuestos de las fuerzas armadas ocurre en detrimento de las policías locales.
“La Guardia Nacional no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad crónicas que padece el país”, sostiene, pese que la “militarización de la seguridad pública ha avanzado como nunca antes durante el sexenio de López Obrador”.
Hoy el Senado de la República someterá a votación del pleno el dictamen en el que se aprueba la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual implica que esté bajo un mando militar.
Para Causa en Común, en su informe, la militarización incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos, y dada la opacidad de las Fuerzas Armadas, se incrementan los riesgos de corrupción.
También asegura que el protagonismo militar no es compatible con un sistema democrático definido por la preeminencia de las instituciones civiles. “Especialmente preocupantes son las expresiones partidistas de altos mandos militares y las amenazas de funcionarios militares a jueces y funcionarios judiciales”, afirma.
Y mientras la militarización avanza, el presupuesto para las policías locales se reduce. Según la organización civil, en 2020, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) contó con un presupuesto de aproximadamente 7 mil 300 millones de pesos y el Fondo Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) con 4 mil millones de pesos. Pero en los últimos años, los aumentos al FASP han sido mínimos, mientras que el FORTASEG, que beneficiaba a 300 municipios, desapareció en el año 2021.
Un nuevo fondo, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), sólo reúne alrededor de una cuarta parte de los fondos que se agrupaban en el FORTASEG.
En cuanto al FORTAMUN, en 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública emitió un “exhorto” para que, en lugar del 20% sugerido para seguridad, se destinara el 50%, lo que implicaría reducir el gasto para atender otras necesidades.
Entre el 2018 y 2022 el presupuesto federalizado sufrió decrementos, y tuvo un ligero incremento entre 2023 y 2024. El presupuesto federalizado en miles de millones de pesos constantes se desglosa actualmente de la siguiente manera: FASP 9.2 mil millones de pesos y el FOFISP 1.1 mil millones de pesos, para un total de 10.3 mil millones de pesos.
