La representante de las personas desplazadas de San Esteban Atatlahuca, Sebastiana Paz Bautista, denunció que autoridades municipales acompañadas de personas armadas ingresaron a la comunidad de Guerrero Grande y provocaron un clima de miedo a las personas beneficiarias de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este grupo de alrededor de 100 personas, encabezadas por el presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, José Ángel García Sandoval, y el Comisariado de Bienes Comunales, Noé Bautista Barrios, irrumpieron en la población ayer alrededor de las 12:30 horas de la tarde.
Antes de retirarse, aseguró, amenazaron e intimidaron a los habitantes de Guerrero Grande; y afirmó que tras salir de la comunidad comenzaron a realizar disparos de armas de fuego.
Esta situación, expresó, pone en una situación de riesgo grave de daños irreparables de perdida de la vida, así como de daños a la integridad física en perjuicio de beneficiarios de medidas cautelares encontrándose, mujeres, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas vulnerables a un ataque armado.
Sebastiana Paz dijo que las autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca les aseguraron que cuentan con el apoyo del Gobierno de Oaxaca y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
La irrupción de las autoridades municipales, junto con un grupo de personas armadas, señaló, implica que el Estado mexicano esté incumpliendo con las medidas cautelares emitidas por la CIDH y con la acción urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sebastiana Paz dijo que es urgente que se realicen acciones que garanticen la vida e integridad de los beneficiarios de la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca.
Los habitantes de esta comunidad cuentan con medidas cautelares luego de que los días 21, 22 y 23 de octubre de 2021, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji.
El 23 de diciembre del 2021, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji y otros, para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades antes mencionadas.
Mientras que el 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente solicitando al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.
