Además del desdén y discriminación ejercida por gobernador Salomón Jara Cruz, su administración ha emprendido una persecución política contra el presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Luis Armando Olivera López.
Esta persecución política inició luego de que el edil acató la decisión de la comunidad de oponerse a la construcción del tiradero de basura llamado “Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos” (CIRRSU) en el municipio de San Lorenzo Albarradas, población cercana al sitio arqueológico de Mitla.
Al principio fue el desdén del mandatario, cuando se exhibió en videos que se negó a saludar al presidente municipal Armando Olivera; luego, cuando rechazó la invitación para asistir a la reapertura del Museo Frisell, tras varios años de permanecer cerrado. Después, fue cuando se negó a recibir el bastón del mando del edil de Mitla en la agencia de Unión Zapata donde se realizaba la Feria del Maíz; en este evento, incluso, se trató de impedir que subiera al estrado para la foto oficial, hasta que la gente de la comunidad comenzó a gritar ¡Presidente! ¡Presidente!, según se aprecia en los videos de la ceremonia.
Pero después, la administración del presidente municipal de Mitla empezó a sufrir el acoso de auditorías a los recursos públicos federales que fueron asignados al municipio, con dos revisiones fiscales a los ejercicios 2022 y 2023 a través de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFEO), y en lo que se presumen un abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y funciones, los cuales constituyen delitos.
En el extremo de esas auditorías, es que realiza observaciones a obras que corresponden a otros municipios como Santiago Ixtayutla y Santiago Jamiltepec, según los resultados de la revisión al ejercicio fiscal de 2023, y en la del ejercicio fiscal de 2022, sobre montos que no corresponden a lo ejercido.
El edil Armando Olivera relató que esta persecución política inició a partir de su oposición al CIRRSU, pero postura que fue a partir de la decisión de la comunidad y de las autoridades agrarias de la población.
Para él, el problema fue que el Gobierno de Oaxaca no “socializó” ni ofreció la información suficiente sobre el proyecto desde un principio a las comunidades indígenas; tampoco buscó el consenso de los pueblos indígenas. “Creo que faltó la operatividad correcta, la sensibilidad del gobierno del estado”.
Cuando fue convocado por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y le planteó el proyecto, Armando Olivera aseguró que le hizo saber que sería complicado obtener la autorización de la comunidad de Mitla, y le mencionó el antecedente de la administración de Alejandro Murat Hinojosa, la cual tenía la intención de instalar en esta zona la 28ª Octava Región Militar, y moverla del municipio de Santa Lucía del Camino. El principal argumento de la población fue que provocaría una crisis en los servicios públicos, particularmente el de agua potable, y por el que constantemente sufren escasez, así como el agravamiento de la contaminación del río Salado.
En el caso del CIRRSU, la comunidad advirtió que éste podría causar la contaminación de arroyos y escurrimientos de agua; además de la presencia de personas externas a la población, como miembros de los sindicatos.
“La gente dice que está cerca del pueblo, el lugar donde se quería poner en San Lorenzo Albarradas, que está un poco arriba del nivel de Mitla, y la gente pensó en el aire, la contaminación de los arroyos, los escurrimientos del agua. Empezó a investigar un poco a Zaachila y dijeron que iba a llegar gente externa, los sindicatos. Dicen no, así estamos bien, no vayas a aceptar presidente, te pedimos que no vayas aceptar, las autoridades agrarias, los presidentes de colonias”.
Armando Olivera aseguró que fue una decisión difícil porque por un lado implicaba apoyar las decisiones del gobernador, y por otro, apoyar la decisión de su pueblo. “Sin embargo, creo que tomé la mejor decisión de apoyar a mi comunidad, a mi pueblo”, dijo.
El rechazo al proyecto del tiradero de basura llamado CIRRSU, afirmó, provocó el rencor del gobernador Salomón Jara. A través de la ASFEO iniciaron auditorías a los ejercicios fiscales de 2022 y 2023 sobre los recursos federales de los ramos 28 y 33, y las cuales se han ejercido con dolo porque en un principio se negaban a recibirle información y documentación sobre los recursos auditados bajo el argumento de que estaba fuera de tiempo.
Su administración municipal decidió hacer una consulta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las atribuciones y facultades de la ASFEO para fiscalizar los recursos públicos federales; y la respuesta del organismo nacional es que la ASFEO no tiene ninguna facultad para ello.
“La ASF en su respuesta me dice que el gobierno del estado no tiene facultades, que el Congreso Federal no otorgó facultades a los órganos locales, y además de no contar con convenio, es un tema que está latente, porque yo puedo denunciar ante la FGR el abuso de facultades y atribuciones que está en el Código Penal Federal”.
En su respuesta, la ASF precisó que el Congreso de la Unión la facultó exclusivamente para fiscalizar los recursos de origen federal que ejercen las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
“La ASF es la única autoridad que cuenta con facultades para fiscalizar directamente los recursos de origen federal”, y agregó que, “las reformas no otorgaron atribuciones a las EFL (entidades fiscalizadoras locales) para fiscalizar los recursos de carácter federal ejercidos por los órdenes locales de gobierno”.
Incluso, el organismo fiscalizador nacional advierte que las auditorías realizadas por la ASFEO podrían resultar violatorias de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la fiscalización de los recursos públicos federales. Esto, además, porque señala que no existe ningún convenio de colaboración entre la ASF y la ASFEO.
“El municipio de San Pablo Villa de Mitla estaría entregando a la ASFEO información relativa a los recursos federales ejercidos por el municipio, siendo que es atribución exclusiva de la ASF, en términos de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente documento, y que dicha entrega, en su momento, podría interferir en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización de la ASF”, señaló el organismo nacional.
Luis Armando Olivera dijo que ha iniciado una lucha legal y social contra la persecución política del gobernador Salomón Jara. “En todo caso de que actúen de mala fe, ya voy a proceder”, manifestó.
