Un grupo de cinco abogados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca informó que solicitaron ante la Cámara de Diputados Federal un juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por obstruir la ejecución material de la Reforma Judicial.
El abogado Darwin Salvador Castro Guerrero afirmó que no hay ningún precedente en el país en el que solicité que los ministros de la SCJN sean sancionados y removidos por contravenir en sus funciones a lo que establece la Constitución Política de México.
En conferencia de prensa, precisó que en la promoción del juicio político se les denuncia por el ataque a las instituciones democráticas, la usurpación de atribuciones y la infracción a la Constitución federal que causa graves prejuicios a la Federación y a 23 estados del país que aprobaron las reformas en material judicial.
Los ocho de las 11 ministros de la SCJN, dijo, se han extralimitado en sus funciones porque aseguró que los mismos criterios que han impuesto desde la Corte, no existe ninguno que los faculte para echar abajo reformas constitucionales.
El abogado Eduardo Castillo Cruz agregó que este juicio político que han promovido ante la Cámara de Diputados federal es el resultado del seguimiento que han realizado desde enero de este año a la reforma judicial y en la atención que han puesto a la ejecución material de la reforma a 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre las omisiones de los ministros y particularmente de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, está la negativa en un primer momento de entregar información para iniciar con el proceso de insaculación con el fin de llevar a cabo el proceso electoral de jueces y magistrados.
Está posición, aseguró, es la que está causando una crisis constitucional. “Se está generando una crisis constitucional por la actualización de los ocho ministros”.
“En la denuncia de juicio político se ofrecen pruebas para identificar los actos y demostrar que puede tener otros efectos en en el sistema democrático, republicano y representativo”.
Según este grupo de abogados la reforma judicial no provoca una afectación a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se encuentran en paro desde hace dos meses, y que los trabajadores desconocen el contenido de la reforma. En caso de que hubiera un daño a sus derechos laborales, de acuerdo con ellos, deben de presentar su denuncia ante un juzgado laboral y analizarse cada caso por separado.
Además, Castillo Cruz aseguró que es ilegal el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y criticó que no se les haya realizado un descuento a sus salarios desde que iniciaron sus protestas.
