El magistrado Juan José Olvera López aseguró que las posturas de los gobernadores de Morena y del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, relacionadas con las demandas de amparo y acciones de inconstitucionalidad son legítimas, pero corresponden son sólo “de parte” porque ellos (los legisladores) son la parte demandada.
En la primera conferencia mañanera de los jueces, como un ejercicio de réplica ante las afirmaciones desde el Poder Ejecutivo Federal, afirmó que en este momento se está en el tiempo de los jueces quienes tienen que determinar o resolver estos juicios.
Olvera López recordó que este fin de semana los gobernadores y grupo parlamentario de Morena emitieron comunicados en los que afirmas que los juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad son improcedentes y que la reforma judicial es inimpugnable como se establece en el artículo 61 de la Ley de Amparo.
“Los gobernadores rechazan estas promociones de amparos y que los jueces estén dando entrada a estas demandas de amparo. Dicen ellos que son improcedentes e inexistentes, que los jueces estén dando acceso a estos juicios de amparo. El Senado reitera esta misma posición, que es un proceso no impugnable y no sujeto de una suspensión… La postura de ellos es legítima de parte, pero ellos no son los jueces de estos procesos judiciales”.
El magistrado agregó que los juicios de amparos se promueven contra autoridades y los amparos relacionados con la reforma judicial se están promoviendo en contra de ellos: “son parte demandada y como demandada tienen sus posturas y opiniones, pero son sólo opiniones”.
En relación al artículo 61, señaló primero que este artículo es parte de una ley secundaria, no de la Constitución; y segundo, que esta ley de amparo es parte de la reforma de 2013, y no existe una jurisprudencia definitiva que diga que es intocable.
Incluso, dijo que actualmente uno de los puntos que se están discutiendo en los juicios de amparo actuales es la constitucionalidad de este artículo 61.
“Necesita darse el espacio para que, si los ciudadanos impugnan estas decisiones, pasen a un proceso de revisión, ante los diferentes mecanismos del Estado Mexicano, entre ellos los juicios de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y los juicios electorales para combatir la convocatoria misma.
“Ellos no son los jueces, no les corresponde la última palabra. Entendemos la inquietud que tienen… Ellos mismos han reconocido que su propia reforma ha tenido muchas inconsistencias… La última palabra siempre está del lado de los tribunales en un estado de derecho”, aseguró.
