La consultora Carla Sofía Loyo informó que en México 29 mil 211 personas han denunciado ser víctimas de tortura en México entre el 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2024, conforme a los datos oficiales del Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).
Durante su participación en el foro “Avances y pendientes de la Ley contra la tortura en México”, realizado en la ciudad de Oaxaca, detalló que 7 mil 545 personas señalaron como responsables a las autoridades federales, y 21 mil 666 señalaron a autoridades estatales y locales.
Sin embargo, afirmó que la Renadet no transparenta sus bases de datos que permitan conocer a detalle sobre las condiciones sociales y de vulnerabilidad de las víctimas, como periodistas, personas defensoras, niños, niñas y adolescentes, entre otros; ni tampoco, proporciona información sobre cuáles son los “focos rojos” en la comisión de este delito.
De acuerdo con la especialista, entre los pendientes de legislación general contra la tortura en el país, está la armonización legislativa en los estados. Precisó que sólo en 21.9 por ciento de las entidades del país existe una ley posterior a la reforma del año 2017, 35.7 por ciento cuenta con leyes contra la tortura antes del 2017 y en el 46 por ciento de los estados no cuentan con una ley.
Es decir, señaló, más del 70 por ciento de los estados del país no ha cumplido con su obligación de crear una ley contra la tortura o armonizarla con la legislación general creada hace siete años.
También, dijo, está pendiente la creación de fiscalías especializadas y lo cual se estableció como una obligación de los estados en la ley de 2017. Aunque, contrasta que en este caso, es mayor el número de estados con una fiscalía especial para la atención del delito contra la tortura en comparación con las entidades que cuentan con una ley específica en la materia.
Sólo el 12.5 por ciento de los estados, apuntó, no cuentan con una fiscalía especializada y entre ellos se encuentran Durango, Nayarit y Tamaulipas.
Los principales perpetradores de la tortura en México, agregó, son la Guardia Nacional en primer lugar, seguido de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los centros penitenciarios y los policías ministeriales.
“No hay avances que se puedan presumir”, aseguró en relación a la ley general contra la tortura en México. E insistió en que no puede haber un análisis adecuado de las estadísticas tanto de la Renadet como de la Red Nacional de Víctimas, por lo que consideró que es necesario que se garantice su transparencia en estas bases de datos.
