El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) informó que las víctimas de desplazamiento forzado obtuvieron un amparo y protección definitiva en el que se ordena el retorno seguro a Tierra Blanca Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, tras cuatro años de haber sido obligadas a salir por la violencia de la comunidad.
En conferencia de prensa encabezada por Horacio Santiago desde la Ciudad de México, detalló que el amparo contempla prioritariamente que las autoridades responsables elaborar un plan de soluciones concretas, programadas en tiempo, de participación interinstitucional e intergubernamental, respetando la identidad social y cultural de la comunidad quejosa, en el que se garantice la participación real de representantes de la misma comunidad.
Así como realizar un censo que registre la totalidad de las personas que se encuentran desplazadas de la comunidad de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, desde el 26 de diciembre de 2020, e incorporar en el Registro Nacional de Victimas, para se les proporcione prioridad en su asistencia, derivado de sus condiciones de vulnerabilidad y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindar atención, y se les valore que se encuentran en casos de gravedad.
También ordena realizar acciones que permitan el retorno de los habitantes de la comunidad a su lugar de origen en Tierra Blanca Copala, y se garantice, como medida de prevención, a no ser desplazadas nuevamente.
El amparo establece como autoridades responsables de su cumplimiento al Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México; la Comisionada Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Comandante de la Guardia Nacional; el Secretario General del Gobierno del Estado de Oaxaca y el Presidente Municipal Constitucional de Juxtlahuaca, Oaxaca, así como el Fiscal General del Estado de Oaxaca.
“La resolución se une a otros instrumentos nacionales e internacionales que obligan a distintas autoridades del Estado Mexicano a retornar de forma segura y con garantías de no repetición a las y los indígenas”, señaló el MULTI.
“La emisión de este amparo”, agregó, “se une a las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 279-22 y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 36/2022 quienes son coincidentes y concordantes en la obligación del Estado Mexicano, a través de las autoridades competentes, de realizar acciones tendientes a retornar a las personas indígenas a su territorio de origen”.
El MULTI apuntó que prácticamente ningún otro caso en México cuenta con esta situación de fortaleza jurídica a favor de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos: tres resoluciones emitidas por instancias nacionales e internacionales que ordenan y/o solicitan acciones en el mismo sentido.
La organización hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a cumplir a cabalidad con lo que establece el amparo, con las medidas cautelares de la CIDH y con la recomendación de la CNDH.
