El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDyCCh) aseguró que es una “abierta provocación a la paz social de la región” de los Chimalapas, la resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA), con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, en la que reconoce a Rafael Cal y Mayor y de Canaán como ejidos de Chiapas asentadas en territorio de Oaxaca.
Lo anterior, considerando la “tenaz, histórica y persistente lucha de los Chimalapas por defender su ancestral territorio, el más biodiverso y mayor productor de servicios ecosistémicos de México y Mesoamérica.
Precisamente en una zona donde, recordó, luego de la emisión de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apareció un grupo fuertemente armado, de corte paramilitar, amenazando a los Chimas y cerca de donde, unos pocos años antes (2017-2019) había accionado otro grupo de este mismo corte, autodenominado “Ejército Chamula”.
“Ambos grupos respaldados abiertamente por la oligarquía chiapaneca, con la complacencia del gobierno federal y la omisión del gobierno de Oaxaca”.
El CNDyCCh explicó que de forma totalmente ilegal, el TUA falló a favor de dos núcleos agrarios de origen chiapaneco, reconociendo su dotación ejidal dentro del territorio comunal de Santa María Chimalapa, y declaró improcedente la declaratoria de nulidad de los núcleos agrarios Rafael Cal y Mayor y de Canaán.
Esto, resultado de los juicios 3035/2017 y 321/2018, promovida por las autoridades comunales de Santa María desde hace siete y seis años, en los que demostró que ambos núcleos chiapanecos están ubicados totalmente dentro del territorio comunal de los Chimalapas y que sus resoluciones presidenciales de dotación eran muy posteriores a las resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de Bienes Comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, que datan del 21 marzo de 1967.
“Sin embargo, ilegal e irresponsablemente, el TUA de Tuxtepec, declaró que no puede declararlos nulos o inexistentes porque dichos ejidos cuentan con su propia resolución presidencial (ello, sin considerar que dichas resoluciones como dotación de ejidos, son de fechas, 26 de abril de 1971 (Cal y Mayor, con una superficie de 7,400 ha) y 13 de abril de 1987 (Canaán, con una superficie de 2,651 ha), obviando con ello la máxima jurídica de primero en tiempo, primero en derecho, e ignorando también lo señalado en el artículo 53 de la Ley Federal de Reforma Agraria”.
Los bienes comunales de San Miguel Chimalapa también presentaron posteriormente ante el mismo Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, otro juicio de nulidad agraria en contra de la Resolución de Dotación ejidal del núcleo chiapaneco “Díaz Ordaz”.
El Comité Nacional afirmó que esta sentencia del TUA no es definitiva porque se puede apelar ante el Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México.
Pero consideró imprescindible que los Chimalapas cuenten con una asesoría jurídica, capaz en materia de derechos agrarios y derechos indígenas, y que sea totalmente honesta, lejos de lo cual se encuentra el actual asesor jurídico de Santa María Chimalapa, Víctor Manuel Alejo, “cuya actuación como Consejero Jurídico del gobierno de Gabino Cué, en el caso del juicio de Controversia Constitucional contra la invasión de más de 70 años de parte de los gobiernos de Chiapas, estuvo lejos de serlo”.
También aclaró que esta sentencia del TUA no se debe confundir con la sentencia de la SCJN del 16 de noviembre de 2021 en la que reconoció las 162 mil hectáreas de la zona oriente de Chimalapas invadida por talamontes y ganaderos del estado de Chiapas, “estaban ciertamente ubicadas en el estado de Oaxaca, y por tanto, dentro de los municipios indígenas de Santa María y San Miguel Chimalapa”.
Finalmente, acusó al TUA de pretender despojar de una parte del territorio a los Chimalapas, y sentar así un grave precedente para finalmente reconocer a 36 núcleos agrarios de origen chiapaneco, asentados ilegalmente dentro del territorio comunal y que, en su conjunto, ocupan una superficie total de 49 mil hectáreas.
