A cinco días de la entrega de los resultados de la fiscalización a la cuenta pública de 2023, primer año del gobierno de Salomón Jara Cruz, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFEO) continúa sin transparentar cada una de las observaciones realizadas a las diferentes dependencias, instituciones, organismos y municipios.
Durante la entrega a la 66 Legislatura del Congreso del Estado, la titular de la ASFEO, Sarahí Noriega Ricárdez, únicamente mencionó algunos “ejemplos” de manera superficial de los resultados de las auditorías realizadas. En uno de ellos, y que superan observaciones por más de 240 millones de pesos, ni siquiera mencionó de que dependencias, instituciones o municipios de los que se trata.
La ASFEO debe transparentar 24 informes individuales de la fiscalización a la cuenta pública estatal, 151 documentos individuales de la fiscalización a la cuenta pública municipal del año 2023 y tres informes específicos de fiscalización por situaciones excepcionales.
Por ejemplo, de los tres informes “específicos de fiscalización por situaciones excepcionales”, las irregularidades detectadas ascienden a 254 millones 308 mil 312.20 pesos; pero hasta el momento, se desconoce de qué instancias públicas se trata.
Sarahí Noriega únicamente mencionó de manera superficial los resultados de la auditoría al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) a quien se le observó un monto de 43 millones 517 mil 959.96 pesos, de los cuales quedó pendiente en solventar 38 millones 499 mil 363.73 pesos.
También dijo de la auditoría al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), al que se le observó un importe de 587 mil 577.43 pesos, con un monto pendiente de solventar de 184 mil 841 pesos; el Órgano Garante de Acceso a la Información el monto observado fue de tres millones 331 mil 622.26 pesos y logró subsanar todas las irregulares detectadas.
La titular de la ASFEO, Sarahí Noriega, omitió dar a conocer los resultados de las auditorías a las dependencias del Ejecutivo Estatal y que recae directamente sobre el gobernador Salomón Jara Cruz, y tampoco están disponibles en el sitio web de la dependencia, y que de acuerdo a la ley de transparencia deben ser públicas.
