Abandonada por los poderes, pues no acudieron representantes ni del Ejecutivo ni del Legislativo, la ministra Norma Piña Hernández rindió su segundo informe como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfatizó la importancia de la independencia judicial como pilar de la democracia mexicana y advirtió sobre los riesgos que conlleva la reforma judicial.
Acotó que la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular es riesgosa, pues convertir a los juzgadores en políticos compromete su autonomía y criterios.
En su discurso ante los plenos de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal enfatizó que la existencia de un poder Judicial Federal autónomo e independiente es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir.
Insistió en que este informe anual, es un ejercicio de rendición de cuentas que muestra el trabajo diario que se ha realizado desde la judicatura federal en favor de la impartición de justicia centrada en las personas.
Destacó la auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación derivada de la presentación de la Cuenta Pública 2023, en la cual esta autoridad no determinó alguna observación o recomendación para este alto tribunal.
Sobre el trabajo jurisdiccional en este 2024, el pleno del CJF discutió y decidió sobre los asuntos de su competencia y atribuciones en 61 sesiones ordinarias, presenciales, celebradas semanalmente, en las que se determinaron y resolvieron 3,087 asuntos en materia de administración, adscripciones, carrera judicial, conflictos laborales, contraloría, creación de nuevos órganos, disciplina, vigilancia, entre otras.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial.
Confió que la finalidad de la reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos “la reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país”.
Además, hizo un recuento de las sentencias de la Corte que provocaron una campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales, tales como el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023; decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios; al denominado “Plan B” el 22 de junio de 2023, entre otros.
“He reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil; el contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no sólo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”, acotó.
Fuente: Ovaciones
