Bajo cargos de ejercicio ilícito del servicio público por la presunta malversación de más de 5 millones de pesos, la expresidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Gabriela Adriana Díaz Pérez, fue denunciada penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, informó este día el actual edil de la misma demarcación, Alejandro Díaz.
Además, el nuevo Ayuntamiento solicitó a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFEO) la realización de una auditoría a la gestión realizada por Díaz Pérez ante la falta de entrega recepción.
El actual presidente municipal informó hoy en conferencia de prensa que los cargos contra la ex alcaldesa podrían aumentar debido a que los actuales concejales tienen hasta fin de mes para revisar y denunciar irregularidades heredadas por la pasada administración y donde ya han sido detectadas inconsistencias en procesos de licitaciones, principalmente del ejercicio 2022.
De entrada, la denuncia penal es por un déficit 5 millones 211 mil pesos debido a retenciones de impuestos no pagados a la autoridad federal y falta de pago de laudos.
“(Los recursos fueron promovidos) ante la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca el día seis de enero en contra de la ciudadana Gabriela Adriana Díaz Pérez por ejercicio ilícito del servicio público”, indicó Alejandro Díaz en conferencia de prensa.
“La segunda (denuncia de irregularidades) es ante la ASFE la cual ya están las instrucciones para que se entregue a la brevedad”, agregó actual munícipe.
Este último caso tiene el objetivo de que el organismo fiscalizador investigue el hecho de que la administración saliente no cumplió con la realización de entrega-recepción.
Sobre el desglose de los recursos mal ejecutados y que se tradujeron en la existencia de deuda pública, indicó que estos conceptos corresponden a retención y no entrega de ISR por más de 1.7 millones de pesos, laudos de ex trabajadores más de 2 millones de pesos y laudos promovidos por concejales 300 millones de pesos.
Por si fuera poco, el regidor de Obras Públicas reveló que durante los primeros días de revisiones han hallado inconsistencias en procesos de licitaciones, principalmente del ejercicio 2022.
No obstante, se indicó que las investigaciones continuarán en marcha y que todas las anomalías serán notificadas al Ministerio Público y a los organismos fiscalizadores.
