Trabajadores despedidos por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) contra el decreto 24 aprobado en la 66 Legislatura del Congreso local, a iniciativa del mandatario estatal.
El abogado Víctor Hugo Carriedo Zárate explicó que la intención de la queja es que el organismo se pronuncie por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los trabajadores, ejercidas por el gobierno del estado en contra de los mil 344 trabajadores que fueron despedidos. Entre los derechos humanos que se han violado, están el derecho a la dignidad humana, el derecho al trabajo y el derecho a la inmovilidad dentro del trabajo, que tenían todos y cada uno de los trabajadores antes de ser despedidos.
Otro de los objetivos de la queja ante la DDHPO, es que el organismo inicie con los trámites correspondientes y solicite mesas de trabajo para que las autoridades estatales transparenten cuáles fueron los criterios para reincorporar a sus puestos de trabajo a 667 trabajadores.
“Esto, porque nosotros tenemos un caso en particular, el del señor Gaspar Cruz Atanacio, con más de 30 años de servicio en el gobierno del estado, quien ha recibido medalla de plata y oro por sus años de servicio, y que pese a ello, fue despedido, y no se le tomó en cuenta para ser reincorporado a su trabajo.
“Desconocemos cuál fue el mecanismo que tomaron en el gobierno para reincorporar a más de 600 trabajadores; además, a quienes reincorporaron continúa en la incertidumbre laboral porque han acudido a la Junta Laboral del gobierno del estado y únicamente les han hecho firmar documentos, pero no les han devuelto su espacio de trabajo”.
Un objetivo más de la queja, es que la DDHPO presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) contra el decreto 24 de Salomón Jara, porque es inconstitucional e inconvencional. En sentido, Carriedo Zárate afirmó que la Defensoría, bajo la titularidad de Elizabeth Lara, ha sido omisa.
“La DDHPO ha sido omisa y no se ha pronunciado, porque el decreto es inconstitucional e inconvencional, y la Defensoría debe hacer un pronunciamiento respecto a este decreto que violá derechos humanos”, expresó.
