Claudia León Miranda, asesora legal de familias desplazadas de la comunidad de San Andrés Montaña, denunció que las autoridades municipales y el cacique Daniel Salazar Cruz, se han apropiado de las casas y propiedades de las víctimas del desplazamiento forzado y las han vendido ilegalmente.
Mientras que las autoridades estatales y federales, dijo, han sido omisas para intervenir ante esta situación no sólo para garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas, sino también para intervenir en la restitución de su patrimonio.
La abogada explicó que desde hace más de 20 años, familias han sido desplazadas de forma violenta u obligadas a salir de la comunidad bajo amenazas. En el año 2004 se presentaron las primeras quejas ante el organismo local de derechos humanos, hoy llamado Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Actualmente, informó, se trabaja en coordinación con la DDHPO, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y con los “Delegados de Paz” del gobierno estatal, con el fin de resolver este conflicto y que las 30 familias desplazadas de forma forzosa puedan recuperar sus propiedades.
El problema, señaló, es que las autoridades de San Andrés Montaña, comunidad del distrito de Silacayoapan en la región Mixteca de Oaxaca, se han negado a asistir a las mesas de diálogo con el gobierno del estado.
Daniel Salazar, explicó, es hijo de Marcelino Salazar Vásquez un “tata mandón” que adquirió mucho poder porque era el único que sabía leer en la comunidad, y tocaba el armonio de la iglesia. Esto le permitió influir en las decisiones de la comunidad, imponer agentes municipales y a miembros del cabildo, y a través de ello, utilizar la amenaza y los castigos para los pobladores que se oponían a él.
Además, en contra de Daniel Salazar también se han presentado algunas denuncias por la “venta” de mujeres de la comunidad; y por utilizar las campanas de la iglesia cuando se trata de castigar a un ciudadano y expulsarlo de la población.
La mayoría de las personas desplazadas de San Andrés Montaña fueron expulsadas porque no tenían dinero para pagar el impuesto para la realización de la fiesta de la comunidad, o porque cambiaron de religión, porque eran sus opositores políticos o porque no eran de su agrado.
“Ha empleado a caracterizados y consejeros para desterrar a unas 30 familias y despojarlas de sus propiedades, a pesar del acuerdo de asamblea del 2 de marzo de 2022, sobre el servicio comunitario en el que se establece en el cuarto inciso que, en caso de incumplimiento, la autoridad resguardará temporalmente el inmueble del sancionado para que ante la asamblea general pueda recuperar su predio”.
Sin embargo, denunció que las personas que han sido expulsadas de forma violenta hoy se encuentran en diversas partes del país, no pueden reingresar a la población por temor a ser detenidos o golpeados.
Otros de los abusos al interior de San Andrés Montaña, reveló, son que a los ciudadanos que son sancionados se les impone la cárcel y sufren maltrato; y cuando acude personal de la DDHPO para verificar estas violaciones a derechos humanos, esconden a las personas detenidas en el cerro, para “burlar” al organismo.
León Miranda mencionó que las propiedades de las familias desplazadas han sido vendidas a muy bajos precios, por lo que han solicitado a la Mesa de Paz del Gobierno de Oaxaca que intervenga para que puedan recuperar sus propiedades y regresar de manera segura a la comunidad.
Este fin de semana, adelantó, sostendrán en la capital del estado una nueva reunión con el gobierno de Oaxaca, y esperan que en esta ocasión sí se presenten las autoridades de San Andrés Montaña, y lograr la justicia para las familias desplazadas y su retorno seguro.
