CDMX. – El 14 de marzo de 2025, un juez en Toluca dictó una sentencia de 89 años de prisión contra Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz por delitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos exclusivos del Ejército, relacionados con el secuestro de Marcela Patricia Flores Domínguez y Rodolfo Morales Hernández el 22 de mayo de 2012. La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, en una reciente entrevista con López Dóriga, defendió a su hermana, afirmando que la condena se basa en una declaración obtenida bajo tortura durante el sexenio de Felipe Calderón, respaldada por el Protocolo de Estambul de la CNDH, y que Malinali no estuvo en el lugar del crimen, según pruebas de vecinos y su ubicación en otro punto al momento del secuestro.
Xóchitl Gálvez, visiblemente afectada, condenó cualquier acto de secuestro y expresó su apoyo a las víctimas, pero cuestionó la integridad del proceso judicial. Según ella, Malinali fue detenida en la Ciudad de México a las 8:00 de la mañana, mientras el secuestro ocurrió en el Estado de México, y fue llevada a la casa de seguridad después, un hecho corroborado por testigos independientes. Además, señaló un supuesto ataque orquestado contra su imagen tras criticar al gobierno actual, sugiriendo que la sentencia fue liberada estratégicamente tras 12 años de retraso para afectar su reputación.
Falta mucho para decir que “llegamos todas”.
Entre otros pendientes, la Presidenta Sheinbaum no ha garantizado el bienestar de mujeres cuidadoras a través de un sistema Nacional de Cuidados.
Urge para alcanzar la equidad entre hombres y mujeres.
Mi reflexión de la semana. pic.twitter.com/4ti2YKwBNv
— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 12, 2025
Xóchitl Gálvez también señaló directamente a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón, como responsable del supuesto montaje contra su hermana. Según Xóchitl, Malinali fue torturada bajo el mismo ‘modus operandi’ que García Luna usó en otros casos, como el de Florence Cassez, incluyendo un montaje con jaulas de gallinas presentadas como celdas para víctimas, un hecho que, según ella, fue desmentido por la falta de evidencia física en el lugar. Gálvez afirmó que la CNDH acreditó la tortura, registrando a Malinali como víctima en el Registro Nacional de Víctimas, y cuestionó la validez de una condena basada en pruebas obtenidas de manera ilícita.
Por otro lado, Luis, hijo de Marcela, una de las víctimas, ofreció un testimonio opuesto en una entrevista. Relató que su madre fue secuestrada en 2012 tras ser invitada a un desayuno con Xóchitl Gálvez, un evento que nunca ocurrió, y que Malinali, quien había cultivado una amistad cercana con su familia desde 2010, actuó como cebo. Luis afirmó que Malinali participó activamente en la operación, incluyendo llamadas para ordenar la ejecución de las víctimas, y que fue capturada en flagrancia, con la banda ‘Los Tolmex’ acusada de al menos cinco secuestros, incluyendo torturas en jaulas de metal.
La narrativa de Luis detalla un calvario de 60 días para su madre, esposada y torturada, con Malinali desempeñando un rol operativo clave hasta el rescate por la Policía Federal, motivado por una intervención telefónica. A diferencia de Xóchitl, Luis expresó temor de que una posible amnistía presidencial libere a Malinali, y acusó a Xóchitl de conocer las actividades de su hermana, dado su círculo social y los pretextos usados para atraer víctimas.
Es claro que existen profundas fallas en el sistema judicial mexicano, con acusaciones de tortura y montajes por un lado, y testimonios de víctimas que señalan una red delictiva bien organizada por otro. Mientras Xóchitl niega su involucramiento y critica la tardanza de 13 años en el proceso, las víctimas como Luis demandan justicia y temen impunidad. Con la apelación en curso, el desenlace podría llegar a la Corte, dejando un debate abierto sobre la verdad, la justicia y el papel de las figuras públicas en casos de crimen organizado en México.
