Las acusaciones de vínculos entre algunos candidatos a convertirse en impartidores de justicia con organizaciones o actos criminales, demuestran los riesgos de elegir por voto popular a jueces, de acuerdo con un análisis publicado en las plataformas de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
La agrupación retomó una serie de estudios efectuados por organizaciones defensoras de derechos civiles y lamentó que a 16 días del comienzo de las campañas, éstas lejos de generar confianza en los candidatos y en su capacidad para impartir justicia, han provocado burlas, indignación y escepticismo.
“Además que, en estas dos semanas de campaña se han registrado una docena de candidatos acusados de tener vínculos con el narcotráfico, delitos sexuales, asesinatos o sectas político-religiosas, lo que muestra los riesgos de elegir por voto popular a jueces, denuncian varias ONG defensoras de los derechos civiles”.
Educa señaló que la organización Defensorxs en su sitio web ‘Justicia en la mira’, resalta, por ejemplo, el caso de Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.
“La candidata a jueza penal local en el estado de Chihuahua, se integró al equipo de defensa del ‘Chapo’ en 2016, cuando su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica”, según la asociación.
También sobresale Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal de Michoacán, donde está acusado de pactos con criminales, le apodaban “el fiscal del terror” cuando ocupó tal cargo (2020-2022) y está señalado por posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.
Asimismo, subrayó que el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas señaló que en estas elecciones judiciales, las y los candidatos indígenas representan tan solo el 1 por ciento del total.
Ante ello, el Consejo Nacional indicó que “es fundamental denunciar una problemática evidente: la apropiación indebida y la utilización de la identidad indígena como un medio para conseguir un voto, sin haber vivido nunca en ellas y sin compartir nuestras luchas ni comprender la gran responsabilidad y profundo significado de la identidad de nuestro pueblos”.
Casi 100 millones de electores podrán elegir el 1 de junio 881 cargos federales de entre 3 mil 422 candidaturas, incluyendo la Suprema Corte, tras una reforma constitucional promulgada en septiembre por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Cuando comenzaron las campañas, el 30 de marzo, la actual presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “México será el país más democrático del mundo” porque votará a los tres poderes, pero la oposición alertó de que permitirán la injerencia del Ejecutivo y el crimen organizado en la justicia.
