Comunicado
Durante la comparecencia del titular de la Fiscalía General, Rubén Vasconcelos Méndez, ante el Congreso del Estado, la diputada local del PRD Silvia Flores Peña señaló que este órgano debe garantizar el Estado de Derecho y evitar interpretación de persecución política.
“Desde el Congreso, hemos trabajado para dotar a la Fiscalía de autonomía con la finalidad de que en nuestro estado prevalezca el Estado de Derecho. La ley se debe aplicar sin distinciones, por lo que la Fiscalía debe evitar la interpretación de persecución política”, dijo.
Reiteró que la Fracción Parlamentaria del PRD, no será cómplice ni solapará ningún acto contrario a la ley, si algún servidor público resulta culpable de algún ilícito, que la ley lo sancione, inclusive, “solicitamos que las investigaciones que la Fiscalía realiza actualmente se amplíen a administraciones anteriores incluida la actual ya que de manera prematura se empiezan a vislumbrar casos de corrupción”.
En este sentido, agregó “tenemos el caso del COBAO durante la pasada administración, la sociedad exige conocer el estado que guarda la investigación derivada de los presuntos actos de corrupción de esa dependencia que encabezaba el actual presidente estatal del PRI”.
La legisladora del Sol Azteca puntualizó que la impunidad es un lastre que es necesario erradicar, para crear confianza ciudadana en las instituciones de procuración y administración de justicia, por ello, recordó, “desde el Congreso del Estado hemos impulsado reformas constitucionales y legales, encaminadas a fortalecer en primer lugar a la institución del Ministerio Público, a través de un órgano autónomo como generador de justicia para la sociedad oaxaqueña”.
Indicó que la Fiscalía debe atender a las víctimas y garantizar la reparación del daño, “su encomienda no sólo es perseguir delitos, este órgano también tiene entre otras atribuciones la atención a las víctimas y garantizar y obtener la reparación del daño a las víctimas, además de la atención y seguimiento, son mecanismos que permitirán generar confianza a la población en la institución que representa”.
Por último, indicó, “en los casos confiscación de bienes por delitos de corrupción, estos deben ser reutilizados en beneficio de la sociedad, de tal forma que un inmueble pueda ser utilizado por una escuela o un hospital”.
