“Es el vehículo que se utiliza para todos los crímenes financieros: lavado de dinero, contrabando, corrupción, evasión (de impuestos). Utilizan estas figuras para eventualmente poder trasladar el recurso que se genera de una actividad ilícita”, dijo Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en entrevista con Radio Fórmula.
Estas empresas con frecuencia comprenden “socios o representantes legales que no tienen perfil empresarial, no tienen recursos” y lo que buscan “es que se pierda el rastro del dinero y de esta forma la autoridad no pueda determinar quién es el obligado a pagar impuesto o cuál fue el origen del recurso”, explicó.
Según el funcionario, estas “empresas fantasma” han facturado 1.4 billones de pesos (más de 74,000 millones de dólares), lo que equivale a casi 5% del PIB.
El gobierno inició en 2006 un combate militar contra los cárteles del narcotráfico, pero numerosos especialistas concuerdan en que la confiscación de los recursos ilícitos de estas bandas criminales sería más eficaz que el abatimiento o captura de los capos, que rápidamente encuentran sustituto.
Por otro lado, numerosos funcionarios han sido acusados de corrupción y lavado de dinero.
El gobierno de México presentó recientemente tres solicitudes de extradición contra el exgobernador del estado de Chihuahua César Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por distintos cargos relacionados con corrupción.
Apenas a inicios de año, el exgobernador del estado de Quintana Roo Roberto Borge fue extraditado a México desde Panamá para enfrentar cargos de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y lavado de dinero.
A mediados del año pasado, el exgobernador de Veracruz (este) Javier Duarte fue extraditado a México desde Guatemala acusado de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
