El nuevo recorte al gasto público anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hasta por 31, 715 millones de pesos, colapsa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que sufre una disminución de su presupuesto hasta por 7, 205 millones de pesos y a quien más le pega es al campo.
Una política social equivocada del presidente de la República, Enrique Peña Nieto que trae como consecuencia más pobreza, desempleo y con la agravante de que no haya forma de que los productores subsistan.
Los argumentos de Peña Nieto para este segundo recorte al presupuesto público, se debe al agravamiento de la situación económica nacional y de las finanzas públicas como efecto de la reciente salida del Reino Unido de la Unión Europea (“brexit”), y con ello afectaron los rubros más importantes como el campo, salud y educación.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) le recortaron en este segundo anuncio del 24 de junio, recursos por 4, 205 millones de su presupuesto.
Apenas en febrero pasado, en el primer recorte que efectúo la Secretaría de Hacienda al Presupuesto Público por 132.3 mil millones de pesos, el presupuesto de la SAGARPA sufrió una disminución por 3 mil millones, afectando a los siguientes programas de fomento a la producción agropecuaria:
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, se le recortaron 1,500 millones de pesos.
Programa de Fomento a la Agricultura, 650 millones de pesos.
Fomento Ganadero, 400 millones de pesos.
Productividad Rural 200 millones de pesos.
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 250 millones de pesos.
Vamos como el cangrejo, para atrás, y lo peor de todo es que nuestros flamantes diputados federales, principalmente del PRI, PAN, PVEM y PANAL, le aprueban a ciegas todo lo que el presidente Peña Nieto envía a la LXIII Legislatura Federal.
No analizan la gravedad del problema, y en Oaxaca se empezaron a sentir sus efectos, donde se quedaron sin empleo 65 trabajadores de la Delegación de Sagarpa, desaparecieron 58 plazas y siete Caders en el Estado, lo que abona a la crisis económica y falta de circulante en la entidad oaxaqueña.
Sobre este grave asunto del campo, platicamos con la diputada federal, Karina Barón Ortiz y de entrada expuso que presentó un punto de acuerdo ante el pleno legislativo de San Lázaro, donde:
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no se afecten los programas productivos y sociales del sector agropecuario, pesquero y alimentario con motivo del recorte presupuestal anunciado.
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en un plazo no mayor de 15 días proporcione a esta Soberanía un informe preciso sobre la afectación y modificaciones en su caso, en las estrategias y metas anuales en el sector agroalimentario con motivo de los recortes en el presupuesto de egresos 2016.
Me decía la legisladora federal que si bien en esta ocasión se hace hincapié en que el recorte presupuestario afectará principalmente al gasto corriente del Gobierno Federal, les preocupa que una nueva disminución de recursos al campo, ahora por más de 4 mil millones de pesos, se traduzca en una disminución real de los apoyos a los pequeños y medianos productores y en el incremento de la ineficacia de las instituciones del sector para apoyar a los productores agropecuarios.
Esta preocupación se sustenta en que si bien se señala que la reducción presupuestal se efectuará en gasto corriente y en concepto de gastos indirectos, lo cierto es que afectará drásticamente a los mismos programas cuyos presupuestos ya fueron reducidos en el primer recorte de febrero del presente año.
Así, al programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, entre gasto corriente y gastos indirectos se contempla recortarle 441.5 millones; al de Fomento a la Actividad Pesquera y Acuícola, 100 millones; al Programa de Productividad Rural, 565 millones; el Programa de Apoyo a Pequeños Productores 120 millones.
Mientras que a Fomento Ganadero 800 millones; a Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 350 millones; a Fomento a la Agricultura, 1,500 millones; al programa de Concurrencia con Entidades Federativas, 178.5 millones; y al Programa de Sanidades, 150 millones de pesos, sumando así los 4,205 millones de pesos del recorte anunciado.
No se puede ignorar las condiciones por las que atraviesa la economía rural y el impacto que representa este nuevo recorte para los productores en un campo empobrecido y descapitalizado, señala Karina Barón, con varios sectores en crisis recurrentes como la ganadería y la cafeticultura, la pesca y la acuacultura.
Así como la caída de precios en granos básicos y de la leche con motivo de la presión de los precios internacionales, el encarecimiento de los insumos estratégicos y la falta de crédito, por tanto, un recorte de esta magnitud viene a poner en grave riesgo la alimentación de los mexicanos y a incrementar la pobreza de la población rural.
Además de las implicaciones que trae en la capacidad operativa para una dependencia como la SAGARPA, en un sector estratégico tan sensible como lo es el campo mexicano.
No hay duda de que las finanzas públicas atraviesan por una emergencia resultado de factores externos y de políticas internas equivocadas; sin embargo, es un principio de derecho social y económico mantener la progresividad en el apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Y salvo por crisis graves, en la cual se supone que México no se encuentra todavía de acuerdo con los mismos análisis presentados por la Secretaría de Hacienda, afectar en último término los recursos aplicados a estos sectores.
Pero ya lo están haciendo, no es posible que a al presupuesto de Salud le recortaran 6,500 millones de pesos, al igual que a Educación otros 6,500 millones de pesos, con toda la problemática que tiene encima Peña Nieto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Peña Nieto y su política errónea en áreas estratégicas como el campo, la educación y salud, puede orillar al país a un colapso financiero, sino se corrigen a tiempo esos errores.
Con ese tipo de medidas ¿abona a un “estallido social”?
EL CEJUM QUE NUNCA LLEGÓ AL ISTMO
El 4 de marzo de 2015 con bombo y platillo el fiscal General de Justicia del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz y Jhazibe Leticia Valencia de los Santos, directora del Centro de Justicia para las Mujeres, colocaron la primera piedra en Juchitán para la construcción de lo que sería el CEJUM número 18 a nivel nacional en el Istmo con una inversión de 12 millones de pesos.
También asistió la entonces directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Anabel Sánchez, en donde se comprometieron a entregar el edificio en agosto del 2015.
Y vaya que muchas mujeres defensoras de los derechos humanos y quienes han sufrido algún tipo de violencia, pensaron que por fin la vida les sonreía y el Gobierno del Estado había volteado los ojos a esa Región también atormentada por los feminicidios, sin embargo, el sueño se derrumbó.
El jueves 30 de junio de este año, arribó a Juchitán la directora del CEJUM, Jhazibe Leticia Valencia de los Santos, responsable del proyecto hoy truncado, quien ordenó colocar una lona en un local que rentó para que, según ella, echar andar las oficinas y pidió dos ministeriales prestados a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
A duras penas consiguió a una psicóloga, no contrató a un médico legista, mucho menos a un traductor para cuando una mujer no sabe hablar el español y tenga que denunciar su caso.
Una verdadera burla para las mujeres que sufren algún tipo de violencia en el Istmo y con ello queda de manifiesto que el CEJUM solo es un elefante blanco, sin operatividad, ni funciones, que solo ha servido para lucimiento personal de su Directora.
Lamentable que a las mujeres violentadas se les trate de esa manera.
TWITTER: @Gelosnivon
FACEBOOK: Maria Nivon Molano
FAN PAGE: Primera Línea MX
CORREO: nivoni66@gmail.com
