A algunas de las personas arrestadas en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, se les habría detenido arbitrariamente y torturado; además, estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento, revela un informe publicado este jueves por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Son las fichas médicas de los detenidos las que revelan numerosas lesiones, además de que la ONU entrevistó a autoridades, detenidos y testigos.
“La Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas“, señaló el documento titulado “Doble injusticia– Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, el cual analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes.
El informe señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley”.
Aunque se ofrecieron justificaciones para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”, la oficina las calificó como “no plausibles y contradictorias”.
Incluso hubo una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.
Los casos documentados de violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación, que hasta entonces había llevado la Fiscalía del Estado de Guerrero. Todos los arrestos fueron realizados por personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar).
Por lo tanto, en el informe se llama a que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.
Asimismo, se solicita a la PGR realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos.
El informe subraya que aunque la Visitaduría General de la PGR llevó a cabo en 2016 un esfuerzo genuino para investigar algunas de las violaciones, la investigación interna fue frustrada posteriormente por el remplazo de funcionarios y, hasta la fecha, no se han producido imputaciones ni sanciones en relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
Esta referencia coincide con la abrupta renuncia del ex visitador general de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro César Chávez Flores, quien después reconoció que le pidieron “reconsiderar” los resultados de dicha investigación interna.
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“Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
En el informe se pide al Estado mexicano que elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, se exhorta al Congreso a adoptar reformas legales
que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas.
El Estado mexicano debería, además, implementar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad.
Este informe no aborda quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y de las muertes de otras seis personas. Sin embargo, al arrojar más luz sobre algunas de las deficiencias de la fase inicial de la investigación, busca contribuir a la verdad en lo referente a esas desapariciones.
Aquí puedes consultarlo íntegro:
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