Ciudad de México.– En el sexenio de Enrique Peña Nieto los tres titulares que dirigieron la Secretaría de Hacienda, la encargada de las finanzas públicas del país, dieron prioridad a la estabilidad de variables macroeconómicas, pero no lograron trasladarla al desarrollo social ante el estancamiento en el crecimiento económico, coincidieron economistas.
Los responsables de la “ineficiencia” en el manejo del ingreso, gasto y deuda pública durante este periodo han sido Luis Videgaray Caso (2012-2016), José Antonio Meade Kuribreña (2016-2017) y José Antonio González Anaya (2017-actual). Días antes de que Videgaray dejara el cargo se anunció un recorte de 132 mil millones de pesos al gasto público por la situación de Petróleos Mexicanos.
“González Anaya le tocó recibir lo que ya estaba. Después estuvo Meade y antes Videgaray, no bueno, unos genios. Desafortunadamente se centraron en la parte de las variables macroeconómicas, aunque la tasa de interés e inflación subieron y el tipo de cambio se incrementó [a 20 pesos por uno]”, dijo Abraham Vergara Contreras, académico de la Universidad Iberoamericana, especializado en finanzas públicas.
El país, aclaró, nunca entró en una crisis económica, sino en un “estancamiento” al crecer en promedio un 2 por ciento al año.
“Como sexenios pasados, se han centrado en las variables macroeconómicas y no en el beneficio microeconómico, como tú yo yo, los ciudadanos; que nos veamos con mejores salarios, mejor infraestructura, mejores servicios de salud. Tuvieron algunos logros, pero medianos, mediocres; se quedaron en esa medianía”, criticó el especialista.
Consideró que dejan un “gran reto” a la siguiente administración pública al heredarles un país “relativamente estable con un crecimiento limitado”, lo que dificulta que esos indicadores macroeconómicos “en semáforo amarillo” se vean reflejado en el bolsillo de la gente.
El economista de la UNAM, Benjamín García Páez, coincidió. “Si tú lo mides con la congruencia que ha habido a un modelo en el cual se continúa manteniendo estabilizada una economía en sus variables monetarias y financieras, que generen condiciones para honrar deuda externa y la inversión extranjera venga, ha sido un modelo recomendable”, dijo. “Pero si lo evalúas en términos de combatir la pobreza, reducir la desigualdad entre los perceptores de distintos niveles de ingreso y empleo bien remunerado, es un fracaso porque no generaron bases de la economía y continuaron expuestos a la evolución no controlada de la economía internacional”.
La cifra más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que hay 53.4 millones de pobres en el país.
El pasado lunes, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) no avaló el aumento de la remuneración básica (se pretendía que pasara de 88.36 a 98.15 pesos diarios) para “evitar en lo posible descarrilar las tendencias inerciales positivas del crecimiento económico, el empleo y la inflación”, indicó la Conasami en un comunicado”.
Y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a partir del tercer trimestre de 2008 la inversión en obra comenzó a tener un aumento gradual, pero a partir de 2013, volvió a presentar descensos. Además, de 2015 a 2016 el presupuesto asignado para el rubro de obra pública se desplomó un 20.78 por ciento en 2016 y para el año siguiente el monto representó 2.6 por ciento del PIB, el menor nivel registrado en los últimos 10 años.
El Colectivo Peso, conformado por organizaciones civiles como Fundar, IMCO, CIEP y México Evalúa, destacó que aunque la Constitución otorga amplias facultades al Congreso para fungir como contrapeso en materia fiscal, los legisladores no han cumplido con sus atribuciones: cada año el Decreto de Presupuesto y la Ley de Ingresos de la Federación son aprobados “sin discusión profunda” entre los legisladores, promoviendo un presupuesto que “no corresponde con la realidad” de los recursos obtenidos y ejercidos en años anteriores, ni “es pertinente” para las necesidades que se prevén financiar en los próximos años.
Por ello han urgido a la creación de un Consejo Fiscal autónomo para dar una opinión sobre el marco macroeconómico, un análisis de las asignaciones de gasto propuestas respecto a su evolución histórica y estimaciones de las necesidades de gasto en sectores prioritarios, una evaluación del cumplimiento de la regla fiscal, hacer análisis prospectivo sobre la sostenibilidad fiscal, costear las propuesta de política pública, elaborar un reporte postelectoral de las propuestas de campaña más importantes y sus costos, entre otras.
EL GASTO INEFICIENTE
El gasto público durante este sexenio pasó de 26.1 por ciento del PIB en 2012 al 22.90 por ciento del PIB que se prevé para 2018, de acuerdo con los datos de Hacienda. Los especialistas consultados aseguraron que en 2016 la administración de Enrique Peña Nieto se comprometió a ajustar el gasto público luego de la tempestad en Petróleos Mexicanos por la crisis petrolera internacional y su gestión interna, pero continuó gastando en comunicación social y en servicios personales más de lo aprobado por el Congreso.
Para el gasto de comunicación social del Poder Ejecutivo federal, en 2017 fueron aprobados mil 447 millones de pesos, pero hubo una variación de más de 6 mil millones de pesos adicionales, por lo que se ejercieron más de 8 mil millones de pesos, equivalentes al monto destinado para las acciones de reconstrucción de la Ciudad de México, tras los sismos de septiembre de 2017, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2018, equiparó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“A pesar de que en 2016 anunció varios recortes y programas de austeridad, en la realidad eso no se ha logrado. Seguimos con un presupuesto inercial, y el margen que tiene el Gobierno federal para manipular el Presupuesto es menos del 10 por ciento del total del presupuesto. En ese sentido tenemos un reto para las finanzas de eliminar programas o fondos de duplicidad”, aseguró Manuel Guadarrama, investigador de finanzas públicas de IMCO.
Además, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 33 establece que el gobierno federal no puede ejercer más de lo que se le aprueba en el capítulo 1000 “Servicios personales”, como lo son sueldos, salarios, honorarios, prestaciones sociales y pago de estímulos a servidores públicos, destaca la organización México Evalúa en su herramienta La Caja Negra. Pero de 2012 a 2018, el monto gastado siempre ha sido mayor al permitido. En 2017, el Congreso dio luz verde a 414 millones 344 mil pesos para ese rubro, pero se gastó 477 millones 019 pesos, revelan datos oficiales.
“El gobierno sigue siendo un elefante blanco, es decir, hay duplicidad de funciones y está gastando mal esos ingresos que le están entrando al país”,consideró el académico Abraham Vergara.
En 2018, se prevé gastar 18.1 por ciento del Presupuesto en combustible/energía (importar energéticos), 16.9 por ciento en protección social, 15.4 por ciento en participaciones y 13.5 por ciento en educación, entre otros como las pensiones o le pago de la deuda, como muestra la tabla.
LOS INGRESOS INSUFICIENTES
Los ingresos públicos en esta administración, luego de la Reforma Haciendaria y Fiscal, pasaron de 23.70 por ciento del PIB en 2012 al 20.70 por ciento del PIB que se calcula para 2018. Aunque en el 2016 se ingresaron 25 por ciento del PIB. Los economistas entrevistados expusieron que el ajuste a la recaudación de impuestos no fue suficiente para compensar la caída de los ingresos petroleros tras la crisis de precios de crudo a nivel internacional, lo cual arrastró a Pemex.
“Tuvimos menos ingresos por el tema petrolero, el precio del petróleo se cayó casi de 100 dólares por barril hasta abajo de 30 y hoy ya va otra vez a los 50 dólares. Pero la economía ya no está basada en el petróleo y con las coberturas petroleras México recibió más dinero de lo que costaba el barril en el mercado”, afirmó el economista Abraham Vergara. Por el lado de ingresos tributarios, aunque “este gobierno logró incrementar la recaudación, al mismo tiempo hay informalidad como nunca (30 millones de trabajadores, más del 50 por ciento de la población trabajadora)”.
Este 2018 se calcula ingresar 33 por ciento del Presupuesto por Impuesto Sobre la Renta (ISR), 18.5 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 8.9 por ciento del Fondo Petrolero, entre otras fuentes, como se aprecia en la tabla. En el caso del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), incluyendo ya el gasolinazo de inicios de 2017, se planea recaudar 5.6 por ciento del Presupuesto.
“No somos lo suficientemente buenos para producir lo que se requiere de consumo; importamos cerca del 50 por ciento de la gasolina que se consume, luego entonces el IEPS le sirve al gobierno para ir cubriendo sus necesidades del gasto corriente”, expuso Vergara.
Como resultado del manejo de los ingresos y los gastos de este sexenio, quedó la deuda pública en niveles históricos.
Durante la presente administración de Enrique Peña Nieto, la deuda del sector público federal ha pasado de 33.8 por ciento por ciento del PIB con la que inició en 2012 a 46.4 por ciento del PIB al cierre de 2017, y llegó a 48.2 por ciento en 2016, un nivel sin antecedentes en sexenios pasados pese a que se registraron recesiones económicas en esos años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
El aumento de la deuda de hasta 14.4 puntos del PIB en este sexenio ocurrió sobre todo en la gestión de Luis Videgaray Caso del 1 de diciembre de 2012 al 7 de febrero de 2016. Aumentó 10.2 puntos porcentuales de 33 a 44 por ciento del PIB, frente a los 13.9 puntos que subió durante los dos sexenios panistas juntos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. En este periodo panista se elevó de 19.9 por ciento del PIB en 2000 a 33.8 por ciento del PIB en 2012 alcanzando un mínimo de 17.9 por ciento del PIB en 2007, antes de la crisis económica global, de acuerdo con Hacienda.
Entre los tres Secretarios de Hacienda de Peña Nieto, Luis Videgaray –quien fue destituido del cargo tras la visita del Presidente Donald Trump– la subió a un mayor ritmo que José Antonio Meade Kuribreña (7 febrero 2017-27 noviembre 2017) y José Antonio González Anaya (27 noviembre 2017-actual), revelan los datos de la deuda pública del sector público federal.
El ahora Canciller aumentó la deuda pública un 37.30 por ciento durante su gestión de tres años; Meade un 4.09 por ciento en dos años; y González lleva un 0.93 por ciento en cuatro meses.
