¿Qué está pasando en Oaxaca?, la violencia se ha recrudecido de forma alarmante y generalizada, pero más acentuada en los asesinatos de mujeres.
A pesar de las diversas voces que han pedido y exigido un ¡alto a la violencia!, Oaxaca sigue envuelta en una gravísima inseguridad, principalmente en las regiones del Istmo, Valles Centrales, la Costa y Cuenca del Papaloapam, no hay autoridad que la frene y como dijimos en una de las entregas de esta columna, el gabinete de seguridad es un verdadero fracaso.
Hasta parece burla, caray, que hayan implementado su operativo de #FuerzaEspecial y los resultados sean nulos en materia de seguridad, puesto que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia feminicida y no hay un solo detenido por estos crímenes, como tampoco se ha frenado la ola delincuencial que en completa impunidad siguen operando en Oaxaca.
De acuerdo a cifras emitidas por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC, en lo que va de la presente administración de Alejandro Murat Hinojosa, se han registrado un total de 782 agresiones contra las mujeres de los cuales son delitos sexuales 124, desaparecidas 248, Feminicidios 182, suicidios 34, violencia familiar 173 y violencia política de género 21.
Hace apenas una semana se registró un triple homicidio que conmocionó a la ciudadanía oaxaqueña, en el que dentro de las víctimas fatales estuvo la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín y en la madrugada de este sábado 9 de junio, se registró otro asesinato en la colonia Lomas de San Juan, en la agencia de San Juan Chapultepec del municipio de Oaxaca de Juárez, cuya víctima fue Claudia Mercedes Gómez Méndez de profesión ingeniera civil.
El fiscal Rubén Vasconcelos Méndez no ha aportado ningún avance de las investigaciones, desafortunadamente para las familias que sufrieron las lamentables pérdidas de vidas humanas es sumamente doloroso darse cuenta que estamos ante un Estado fallido, donde los responsables de procurar la justicia no hacen su chamba.
Precisamente por toda esta ola de crímenes de mujeres se hace urgente la implementación ya de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), sin embargo, a pesar de que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo la solicitud desde el 3 de julio de 2017, ya va a cumplir un año, venció el plazo, hasta el momento las instancias involucradas siguen en el análisis de las respuestas de la investigación.
Eso dice la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Ana Vásquez Colmenares, quien expuso que analizan 11 respuestas del resultado de las investigaciones que hiciera el Grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de la AVGM, las cuales aquí les compartimos el documento para que juzguen ustedes ciberlectores lo mal que estamos en este tema.
Y de acuerdo a lo expuesto por la diputada local de Morena, Hilda Luisque urgió la implementación de la alerta de género, cuyo plazo ha vencido y aún no hay resultados, “se hace necesario incidir en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y el feminicidio”, y agregó que los tres órdenes de gobierno tienen que actuar en consecuencia, para crear una política integral que coadyuve en el esclarecimiento y justicia de todos los casos.
Dentro de las conclusiones que aportó el grupo de trabajo, constataron que en la Fiscalía General a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, no cuenta con capacidad institucional para atender adecuada e integralmente a una mujer víctima de violencia.
Si bien se advierten algunas excepciones al respecto, al grupo de trabajo le preocupa la falta de personal ministerial y de investigación especializada, así como personal pericial capacitado para realizar sus funciones con perspectiva de género.
También encontraron acciones adoptadas dentro de la Fiscalía que no responden al principio señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, relativo a transversalizar la perspectiva de género en todas las instancias de Gobierno y el uso eficiente de recursos públicos. Es decir, se encontró gente capacitada para atender e investigar los delitos de género, sin embargo, están asignados en otras áreas.
Señalan también que si bien se percibieron esfuerzos para capacitar a servidoras y servidores públicos en la atención a mujeres víctimas de violencia, estos han sido insuficientes y no han logrado permear en el funcionariado público para reflejarse en la atención a las distintas usuarias que acuden a ejercer su derecho de acceso a la justicia.
Para que vean que Vasconcelos Méndez no ha podido meter orden ni en la casa que dirige, que mal estamos, caray.
En la segunda conclusión, se señala que a pesar de las diversas acciones gubernamentales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el grupo de trabajo observó que las políticas públicas de la entidad, no muestran una continuidad o lógica para lograr sus objetivos.
Sirve de sustento la falta de generación de registros administrativos y su sistematización de las mujeres que son atendidas en las distintas instancias encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.
En la tercera conclusión, detectaron que a pesar de estar en la Ley Estatal de Acceso y en los Programas Estatales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2011-2016 y 2017-2022, no ha sido implementado el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres. Lo anterior, impide documentar, generar estadísticas y dar seguimiento al fenómeno de la violencia contra las mujeres en la entidad, y consecuentemente, generar políticas públicas focalizadas en la materia.
No hay un registro administrativo por parte del Poder Judicial a cargo de Raúl Bolaños Cacho, sobre las sentencias emitidas en los casos de delitos de violencia familiar, homicidio doloso, lesiones, los delitos que atenten contra la libertad sexual cometidos en contra de mujeres, así como de las órdenes de protección solicitadas y otorgadas.
Es decir, a 18 meses de la presente administración gubernamental, estos servidores públicos a cargo de la Fiscalía General y del Poder Judicial, así como la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, no han hecho su trabajo, y aunque el informe de resultados del grupo de trabajo no lo dice así de forma directa, la investigación y las propuestas de solución, lo dicen todo.
En la cuarta conclusión hablan de las deficiencias por falta de asignación presupuestal para la efectiva ejecución de políticas y acciones en el Estado que corresponden a SEFIN y a la SMO. En la quinta, la observación es que hay un contexto de invisibilización y falta de atención específica del fenómeno de violencia que sufren mujeres y niñas indígenas en Oaxaca, responsabilidad que compete a la Secretaría de Asuntos Indígenas.
La sexta señala que las y los prestadores de salud no conocen o no implementan la NOM-046, ya que no realizan detecciones ni referencias sobre los casos de mujeres que atienden y ahí la responsabilidad es de la SSO.
En la séptimaconclusión, refiere que no se implementa en Oaxaca el marco jurídico existente para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, en ese sentido es necesario que existan disposiciones jurídicas claras respecto a las responsabilidades administrativas y de otra índole a funcionarias o funcionarios públicos, tema que corresponde a la Consejería Jurídica y al Congreso de Estado de Oaxaca.
La octava conclusión habla sobre la necesidad de impulsar la modificación de la legislación que garantice el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (Consejería Jurídica y Congreso de Estado de Oaxaca) y novena, casi ninguna instancia realizaba acciones para promover los derechos humanos de las mujeres, particularmente respecto al derecho de acceso a una vida libre de violencia (SMO).
En la décima conclusión las y los servidores públicos que laboran en las instancias de atención, procuración e impartición de justicia a las mujeres víctimas de violencia, carecen de conocimientos suficientes y especializados para realizar su labor de la forma adecuada (Fiscalía General)y la última, la onceava, habla sobre la falta de un Programa Integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de Género contra las Mujeres, cuya responsabilidad es de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña.
En resumen, esas son las 11 conclusiones que hizo el grupo de trabajo y que a la fecha, las instancias responsables del análisis y las respuestas, es la hora que no terminan de revisarlas, para enviar la respuesta a la Secretaría de Gobernación y ésta a su vez emita o no la Alerta de Violencia de Género.
Es importante destacar que de acuerdo a los argumentos expuestos por la DDHPO en su solicitud de AVGM, observan una falta de cumplimiento del Estado a la obligación de debida diligencia y combate a la impunidad en los casos de violencia de género.
De esta forma afirma que existe un patrón de impunidad sistemática en el procedimiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres, debido a que la mayoría carece de una investigación, sanción y reparación efectiva. Como verán el mayor atolladero está en la Fiscalía General del Estado.
Siguen matando a las mujeres, mientras el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa se preocupa más por ir a competir a un triatlón que en atender los múltiples problemas que enfrenta el Estado, cuando está comprobado que su gabinete de seguridad y el propio Héctor Anuar Mafud Mafud en la Segego y encargado de la política interna, no funcionan.
¿Hasta cuándo se decidirá el Gobernador a dar el golpe de timón?
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