Con 31 votos a favor y 7 en contra, en lo general y en lo particular, la LXIII Legislatura local aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el que desaparece el Consejo de la Judicatura, creado en la administración de Gabino Cué, el 15 de abril del 2011.
Los artículos que se reforman son el 79 en la fracción vigésima cuarta, el 99 en el párrafo segundo, el 100 y 101 fracción segunda y párrafo 11, el 102 párrafo 2 y 3, el 103 y 11, fracciones tercera, cuarta y quinta, así como el 120 en la fracción uno.
El dictamen fue presentado por la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales del Congreso local, que preside la diputada local Eufrosina Cruz Mendoza, y aprobado por legisladoras y legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, así como del Partido del Trabajo.
En contra, votaron los diputados y las diputadas de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena): Carol Antonio Altamirano, María de Jesús Melgar Vásquez, Irineo Molina Espinoza, Neli Espinosa Santiago. Hilda Graciela Pérez Luis, Paola Gutiérrez Galindo y Jesús Romero López.
En su oportunidad, la diputada Paola Gutiérrez Galindo, de Morena, expresó que la postura del partido Morena se debe a que el Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador también contempla hacer modificaciones para la modificación de las estructuras de las instituciones, y aunque la mayoría de los puntos fueron tomados en cuenta en el dictamen, no se consideró el hecho de hacer foros ciudadanos y de especialistas que den legitimidad a la modificación.
Destacó que una de las propuestas del propio presidente electo es precisamente suprimir los consejos de las judicaturas, y crear una sala alterna que se dedique a las funciones que se habían destinado a ese consejo y con menor presupuesto, pero siempre y cuando convocando a foros colegios de especialistas, profesionales y expertos en la materia para que se aportaran a la reforma, conforme a la realidad que se tiene en la entidad.
Es de señalar que el Consejo de la Judicatura recibió para este año, 660 millones de pesos, cuyos recursos en su mayoría de acuerdo argumentaciones previas a la aprobación de su desaparición, se utilizaban para el pago de la burocracia.