Un promedio de 30 comunidades indígenas y campesinas, y 25 organizaciones, constituidas en la Asamblea de los Valles Centrales acordaron en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, no permitir proyecto minero alguno en su región bajo ninguna circunstancia y exigieron a las autoridades electas la cancelación de concesiones mineras otorgadas desde hace diez años.
En la asamblea realizada el 22 de julio en San Antonino Castillo Velasco, participaron además de esa población, Barra Paso de Piedra, San Juan Chilateca, San Felipe Apóstol, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, El Vergel y su Anexo los Ocotes, San Nicolás Yaxe, Santiago Apóstol, San Pablo Güilá, San Míguel Panixtlahuaca, Santa Catarina Minas, San Miguel Ejutla, San Miguel Cajonos, Magdalena Teitipac, San Felipe Apóstol, Ocotlán de Morelos, Tejas de Morelos, San Pedro Mártir, San Martín Tilcajete, San Matías Chilazoa, San Isidro Zegache, San Jacinto Ocotlán, San Sebastián Ocotlán, Santiago Apóstol, La Guadalupe, La P, San Matías Chilazoa, La Noria de Ortíz, San José del Progreso, Miahuatlán.
Denunciaron que desde hace diez años sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento, y son 90 mil hectáreas de los Valles Centrales las que se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.
Indicaron que mientras por un lado Oaxaca ocupa el lugar número ocho a nivel nacional en explotación de oro y plata, esto se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles a nuestro medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.
Explicaron que al constituirse en asamblea, manifiestan su compromiso en seguir defendiendo a “la madre Tierra”, cuidar y defender el agua, así como todos los bienes comunes presentes en sus territorios; declaran a sus ejidos y comunidades como territorio prohibido para la minería; no firmarán ni autorizarán ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer sus bienes comunes; no autorizan cambio de uso de suelo para actividades mineras, se reconocen como parte del pueblo zapoteco; rechazan el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo la propiedad social; convocan al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca.
Sus exigencias son:
1. Cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales, particularmente los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
2. Justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez asesinados en 2012 por su trabajo de defensa de los territorios en San José del Progreso.
3. Cancelación de las concesiones mineras que han sido impuestas en los Valles de Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Ejutla y Miahuatlán. Reiteramos que no cuentan con aval, ni consentimiento para realizar ningún trabajo en nuestros territorios.
4. Que se detenga la criminalización y agresiones hacia las y los defensores, movimientos y medios de comunicación en defensa de los territorios.
5. Expresamos nuestra condena a los actos violentos, las recientes masacres y asesinatos ocurridos en las regiones de la Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Istmo y Valles Centrales.
6. Nos pronunciamos en contra de los asesinatos como medio para dirimir los conflictos internos por la tierra, principalmente entre San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec. La violencia desmedida no se trata de situaciones aisladas, tal como lo ha colocado el Gobernador del Estado de Oaxaca, estas acciones responden a intereses particulares, por lo que no existe una efectiva atención del Estado en estos hechos. Exigimos al Estado garantice la paz entre comunidades.
7. Nos solidarizamos con las comunidades y movimientos que se han visto afectados por la escalada de violencia en el estado, principalmente con las compañeras y compañeros de CODEDI, quienes han sufrido asesinatos y detenciones en los últimos meses, así como compañeras y compañeros de San Miguel Cajonos donde fueron desaparecidas 3 personas desde el 27 de diciembre de 2017 en el marco de la imposición de un proyecto minero y un conflicto agrario intercomunitario, por lo que exigimos justicia y castigo a los responsables de estos hechos.
8. Responsabilizamos a las autoridades por cualquier agresión, criminalización o amenazas que se susciten en el marco de nuestra defensa del territorio, exigimos se garantice el derecho a la información, libre expresión y manifestación, derechos reconocidos constitucionalmente.
9. A las autoridades electas les expresamos que no permitiremos ningún proyecto minero en nuestra región bajo ninguna circunstancia, exigimos el respeto a nuestra determinación: ¡ni una concesión o proyecto minero más en nuestros territorios! ¡cancelación de las concesiones mineras otorgadas desde hace diez años!u
