*La Iniciativa con Proyecto de Decreto propone la adición del párrafo V del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud por parte del Estado; la diputada local por el Distrito XXI Ejutla- Sola de Vega, Adriana Atristain Orozco presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el quinto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
En ese sentido, explicó que garantizar el derecho a la salud, implica la participación de todos los órganos de poder público, para que en la medida de sus competencias lo hagan valido, “la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, asimismo establecerá la participación del Gobierno del Estado en materia de salubridad general concurrente, atendiendo a lo dispuesto por la Legislación Sanitaria Federal”.
Atristain Orozco aseguró que el derecho a la salud, es uno de los derechos sociales por antonomasia, que tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones por parte de los poderes públicos.
“El Estado debe asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, haya sido afectada; esto es lo que se llama el derecho a la atención o asistencia sanitaria; este también genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud”, afirmó la Legisladora Local.
Asimismo, Atristain Orozco lamentó que los cierres y afectaciones de hospitales, de oficinas administrativas, almacenes y todas las áreas del sector salud, afecten en sobremanera este derecho fundamental.
Finalmente, reiteró que la Iniciativa presentada propone que salvo en casos de fenómenos naturales o notoria urgencia, se dé el cierre o toma de hospitales, clínicas y las áreas que tengan que ver con la prestación de los servicios de salud de Oaxaca, el Estado tomará las medidas urgentes y necesarias para evitar que el derecho fundamental a la salud sea vulnerado.
