CDMX.- En 2007, durante la administración de Felipe Calderón, surgió el delito de robo de gas licuado de petróleo (LP), en una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Veracruz.
Hoy, este cáncer se ha extendido a 10 entidades del país en forma paralela al robo de gasolinas, afectando a Puebla, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tabasco, Veracruz y Jalisco, donde al cierre de 2017 se registraron 166 tomas clandestinas.
Al 31 de agosto de 2018, las perforaciones ilegales de gas LP suman 137, y al ritmo que llevan podrían superar las 200 al cierre de este año, provocando pérdidas por más de 12 mil millones de pesos anuales.
DAÑOS ECONÓMICOS
De acuerdo con información de la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex, entre 2007 y agosto de este año se han reportado 953 tomas clandestinas de gas LP (166 en el sexenio de Felipe Calderón y 787 en el de Enrique Peña Nieto, un incremento de 374 por ciento entre una y otra administración).
Ocho de cada 10 se han perpetrado en el presente gobierno.
Entre el robo de gasolinas, calculado por el director de Pemex, Carlos Treviño, en 30 mil millones de pesos y el robo de gas LP, las pérdidas por ambos delitos suman 42 mil millones de pesos anuales.
VENTA CLANDESTINA
Empresas distribuidoras de gas LP han señalado que cada mes se registra el robo de 58 mil toneladas de éste, lo que equivale a pérdidas por mil 102 millones de pesos.
El daño se reparte entre Pemex, que debe absorber 770 millones de pesos, y las distribuidoras otros 330 millones al mes.
Los representantes de empresas como la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG) y la Asociación Mexicana de Distribución de Gas y Empresas Conexas (Amexgas), calculan que de 30 millones de servicios (ventas) que ofrecen en el país cada mes, 2 millones 320 mil corresponden a ventas de combustible robado, es decir, el 8 por ciento de los usuarios reciben y consumen gas robado, sin conocimiento la mayoría.
MERCADO NEGRO
Se concentra en el Edomex, según empresas distribuidoras.
El Estado de México aglutina el 40% de las tomas ilegales.
Criminales usan pipas robadas o hechizas.
Venden el gas robado en zonas donde realizan la extracción
