Edith Matías Juan, integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción y coordinadora Académica del Proyecto Gobernanza Comunitaria e Intercultural de Oaxaca, afirmó que gobiernos y organizaciones tratan a comunidades como incapaces de aportar a la solución de sus propias problemáticas.
Explicó que en Oaxaca hay una situación de subordinación, principalmente a los pueblos indígenas, ubicándolos como sujetos de asistencia social, más que como sujetos activos, y es porque ello que sus problemáticas, luego de alternativas de solución generadas desde los escritorios gubernamentales, tienen a alargarse.
Destacó que es una práctica institucionalizada el ver a las comunidades indígenas como incapaces de procurarse un desarrollo y una vida digna, una visión racista y paternalista en general del Estado Mexicano, lo que genera una exclusión, porque además se les ve como generadoras de problemas y no como posibles actoras de solución a problemáticas.
Externó que las problemáticas más fuertes que como organizaciones de la sociedad civil han detectado, es precisamente la descoordinación para ejercer su propia jurisdicción, su sistema de elecciones, sus formas de impartir justicia, la promoción, desarrollo y preservación de su cultura, de sus lenguas, pues aunque jurídicamente se reconoce los derechos de los pueblos indígenas, en las prácticas sigue habiendo tendencia de asimilación y de aculturación, de incluirlas a algo que se ha denominado la cultura mayoritaria y eso resta la posibilidad de comunidades indígenas de proponer alternativas desde sus propias cosmovisiones y sus propios saberes.
Mencionó que ante el mismo panorama, existen organizaciones sociales que se aprovechan de las conflictividades en las comunidades, para administrar y prolongar los conflictos, partiendo de la misma lógica de que las comunidades necesitan la asistencia de alguien externo para desarrollarse o tomar decisiones en sus asuntos internos.
Manifestó que un ejemplo concreto de problemática es el de la violencia en contra de las mujeres, en donde existe una creencia de la sociedad no indígena que quienes mayormente violan los derechos de las mujeres son las comunidades, cuando en realidad las comunidades están generando alternativas muy importantes de acceso a la justicia.
Adelantó que próximamente se dará a conocer caso concreto, de Santa María Yucuiti, en donde se han generado alternativas desde las autoridades comunitarias para atender una problemática concreta sobre el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, “aporte que puede contribuir a cambiar esa percepción de la sociedad y el estado de que los pueblos necesitan tutela”.
