Siguen sin vincular a proceso la investigación por delito electoral
Siete meses de impunidad en el triple asesinato cometido en Juchitán
A siete meses del asesinato de María del Sol Cruz Jarquín, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha dado resultado alguno en las investigaciones del crimen y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la entidad no ha vinculado a proceso la investigación en contra de los hermanos Montero López, presuntos responsables de delito electoral al usar recursos públicos financieros y humanos de la SAI, como es el caso de la fotoperiodista.
Por ello, Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de junio en un atentado artero en aquel municipio, en el que también fue asesinada la candidata a segunda concejala al gobierno de Juchitán de Zaragoza y también regidora de Energía con licencia, Pamela Terán Pineda, así como su chofer Adelfo Jiménez, demandó la renuncia de la funcionaria “que sirve a la impunidad y no a la justicia”.
La madre de la entonces jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), quien fue enviada desde finales de abril a Juchitán de Zaragoza para apoyar la campaña política de quien fuera candidato al gobierno municipal de ese municipio, Hageo Montero López, por parte de su hermano el titular de la SAI, Francisco Javier Montero López, hizo un recuento de los hechos.
El 5 de junio ratificó la carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada por Delitos Electorales por la comisión de presuntos delitos electorales por parte del secretario de Asuntos Indígenas y de su hermano el candidato a presidente municipal por la coalición Todos por Oaxaca (PRI-PVEM-PNA), a pesar de lo dicho de manera inicial, por su titular Araceli Pinelo López, quien aseguró que no había delito electoral.
Por lo que se integró una abultada carpeta de investigación con pruebas de distintas fuentes que revelan la presencia de María del Sol Cruz Jarquín en Juchitán de Zaragoza, quien so pena de perder su empleo fue obligada a trasladarse a ese municipio, cuando su lugar de trabajo eran las oficinas ubicadas en la llamada Ciudad Administrativa, a unos 20 minutos de su casa.
Incluso, fue en esta carpeta en la que se integró la investigación por el robo del equipo de la fotoperiodista (cámaras: fotográfica, de video y computadora) por parte de personal de la SAI, quien indebidamente sustrajo sus pertenencias del hotel tras conocer el cobarde triple asesinato. Equipo que fue desaparecido porque contenía pruebas sobre el trabajo que realizaba en Juchitán de Zaragoza y cuyos autores materiales del robo siguen sin ser ni siquiera molestados.
El pasado 7 de septiembre, previo al inicio de un acto del Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Pinelo López afirmó a la madre de la fotoperiodista que la carpeta de investigación estaba lista para iniciar el proceso judicial y que incluso había enviado ya un oficio al Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, para informarle. Sin embargo, a finales de octubre pasado, personal de esa Fiscalía solicitaron nuevas pruebas a la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de la fotoperiodista.
Tanto el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sala Xalapa, han confirmado la violación a las leyes electorales por parte de los hermanos Hageo Montero López y Francisco Javier Montero López, quienes deberán ser sancionados económicamente por el TEEO, de acuerdo a la resolución del TEPJF, que también mandató al gobernador Alejandro Murat Hinojosa imponer una sanción a su ex colaborador Francisco Javier Montero López, ambas sanciones que también se espera sean impuestas en breve.
Mientas que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental turnará al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca la investigación realizada al titular de la SAI, Francisco Javier Montero López, y otros funcionarios, por haber encontrado “graves violaciones” que muestran que habría incurrido en acciones de corrupción al destinar recursos públicos y humanos a una campaña política.
Es decir, todo indica que existen opiniones encontradas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con respecto a lo que ya han opinado los Tribunales Electorales, así como las pruebas encontradas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y que deberá analizar el Tribunal Contencioso Administrativo, instancia responsable de imponer la sanción correspondiente.
Por ello, solicitó la destitución de Araceli Pinelo López, como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, quien ha actuado de forma omisa y con dilación al negarse a vincular a proceso la denuncia en contra de los hermanos Montero López, pese a que la carpeta de investigación está lista prácticamente desde mediados de agosto pasado.
No son tiempos de impunidad, son tiempos de justicia en México, porque cada asesinato cometido en el día a día, especialmente contra las mujeres, es resultado de la perversa omisión, de la actuación negligente, de la naturalización de la violencia, no sólo por parte de la sociedad mexicana sino incluso dentro de las instituciones, como es el caso de lo que hoy sucede en Oaxaca y que impide que la justicia avance para María del Sol Cruz Jarquín.
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