Cd. de México, México.-La Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA a.c) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtieron que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumple su palabra de iniciar este lunes las obras del nuevo Aeropuerto en la Base Aérea Militar No.1 de Santa Lucía, estará violando el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en consecuencia, surgirán amparos contra de uno de los principales proyectos de infraestructura del País.
El Mandatario anunció que el próximo lunes comenzará la construcción del Aeropuerto militar-civil en Santa Lucía, pero el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que para iniciar las obras descritas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se requerirá previamente la autorización de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La MIA del Aeropuerto de Santa Lucía fue ingresada apenas el 15 de abril a la Semarnat para someterla a revisión del procedimiento de impacto ambiental, el cual puede prolongarse hasta 60 días.
“Si el Presidente se refiere a iniciar las obras descritas en la Manifestación de Impacto Ambiental, eso es prácticamente imposible. Por ley, este procedimiento dura 60 días hábiles y, además, la autoridad tiene 10 días hábiles para reconocer el expediente completo a partir de que se ingresa y, todavía el próximo lunes, el expediente no puede darse como integrado”, afirmó Jesús Enrique Pablo Dorantes, presidente de la AMIA a.c.
El también perito en impacto ambiental subrayó que además falta complementar el procedimiento de consulta pública y es que cualquier ciudadano puede solicitarla como lo hará la AMIA a.c, en próximos días.
“La Academia Mexicana de Impacto Ambiental está en el proceso de solicitar la consulta pública y la ejecución de una reunión pública de información en donde el Gobierno Federal, en este caso la Sedena, deberá describir el proyecto, aclarar los impactos ambientales y las medidas de mitigación que está proponiendo”, anunció.
Igual que como ocurrió con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco basado en una consulta ciudadana y con el permiso que pidió a la madre tierra para la construcción del Tren Maya, dijo, López Obrador se muestra como un Presidente que no respeta la ley.
“Lo que está demostrando el Ejecutivo Federal en este momento es que no respeta la ley y eso es lo más grave que nos puede pasar en nuestro sistema republicano, realmente pone un ejemplo desastroso porque en el procedimiento de impacto ambiental casi siempre los inversionistas son los que infringen la ley, pero eso es lo que está haciendo ahorita el Gobierno al no respetar la Ley ni los procedimientos que son los que rigen a la sociedad y entonces surgirá un gran número de amparos”, señaló Pablo Dorantes.
Gustavo Alanis Ortega, presidente del Cemda, advirtió que de iniciar las obras del Aeropuerto el próximo lunes, también se violaría el artículo 5 del Reglamento de la LGEEPA, el cual detalla los trabajos que requieren autorización previa en materia de impacto ambiental.
El procedimiento de impacto ambiental, enfatizó, es el mecanismo que permite prevenir daños ambientales que derivan de los proyectos de infraestructura y analizar de qué manera se pueden mitigar y compensar.
“Estamos ante la presencia de un procedimiento que es aceptado internacionalmente como de prevención para efectos de poder atajar en tiempo y forma las posibles implicaciones ambientales que puedan tener los proyectos entonces, el proyecto del Aeropuerto tiene que seguir los caminos de la Ley para en su momento, recibir una autorización condicionada en materia de impacto ambiental”, expresó Gustavo.
Alanis Ortega comparó el inicio de las obras del Aeropuerto con el desmonte ilegal de manglar que se llevó a cabo en los terrenos donde se proyecta la nueva Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
“Si inician obras, si hacen una ampliación o una demolición de algo que ya está allí, legalmente no se puede y estaríamos en una situación bastante parecida a lo que ocurrió en la Refinería de Dos Bocas y, de ser el caso, parecería que no estamos aprendiendo la lección. Nadie cuestiona la legitimidad que tiene el Presidente pero eso no le da el permiso para querer ir por encima de los procedimientos que marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento”, añadió el presidente del Cemda.
