Los hechos de represión contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE, ocurridos entre 2006 y 2007, serán presentados ante el Tribunal Internacional de La Haya.
En una publicación de ayer, del periódico La Jornada, se menciona que los agravios registrados durante un movimiento social en esta entidad, mientras gobernaba Ulises Ruiz Ortiz, siguen vigentes.
En el mismo medio de comunicación destaca que los ex integrantes de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, César Mateos Benítez y Emeterio Merino Cruz, así como el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, pedirán que admitan el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca para que se realicen las investigaciones en La Haya.
El ombudsman de la entidad destacó en la entrevista que de acuerdo a los hechos registrados y el informe de la Comisión de la Verdad se concluyó que hubo represión desde el 2006, cuando gobernaba en el estado Ulises Ruiz y a nivel federal, Vicente Fox, donde hubo uso de fuerzas parapoliciales para hacer el trabajo sucio, incluso participación de integrantes de grupos delictivos.
Indicó que hubo también caravanas de la muerte coordinadas por la policía estatal, e incluso 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias y 248 casos de tortura, además de 2 casos de desaparición forzada.
Se precisa en la misma nota difundida por la Jornada que de acuerdo a Arturo Peimbert, existen muchas probabilidades para que la Corte Penal Internacional admita el caso porque existe pruebas de que “se creó un modelo de intervención policiaca fuera de protocolo, que después se generalizó en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Arantepacua y sobre todo en el caso Ayotzinapa”.
