Jazmín GÓMEZ
Jesús Romero López, diputado electo y próximo coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), afirmó que la legislatura actual tendrá que rendir cuentas cobre el manejo de los recursos y los presuntos desvíos que han denunciado.
En entrevista explicó que toda acción estará encaminada dentro del marco de la ley, pues si no es una auditoría, tendrá que hacer un corte de caja, informar a las y los oaxaqueños cuánto se entrega y cuanto se adeuda, sin que eso quite todo el tiempo para poner en marcha otras prioridades.
“No quito el dedo del renglón que se tiene que investigar. No vamos a aceptar replicar modelos de enriquecimiento ilícito, el congreso no puede ser la caja chica de todos”, advirtió.
Añadió que legisladores del PT estarán unidos en propuestas de ley y posturas en la LXII Legislatura local, pero también buscarán aliarse con otras fuerzas políticas, incluida el PRI si se trata de leyes que beneficien a la gente.
Explicó que de manera personal estará del lado de la gente, pues los congresos en ocasiones se vuelven disfuncionales porque hay todo tipo de servidores, los faltistas, los que patean curules, los improductivos, pero también los propositivos.
Jesús Romero López presentó la agenda legislativa del PT para el primer periodo de sesiones de la LXII Legislatura local, acompañado de otros diputados electos, así como por el comisionado estatal del partido en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya.
Indicó que entre los temas importantes de su agenda se encuentran buscar un congreso abierto y participativo con la presentación 3 de 3, la creación de una ley de servicio profesional y el impulso de una ley de creación del órgano autónomo de fiscalización del estado.
Además, se encaminarán temas que tienen que ver con la justicia cotidiana, la facilitación de acceso a la justicia de menor cuantía; otro punto a tratar son las reformas progresistas como la eliminación del fuero, la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y adopción, la reducción de prerrogativas a partidos políticos.
Así como la reforma constitucional en materia indígena y de pueblos afromexicanos, además de cómo normar las acciones de organizaciones sociales para que no sean bajo criterios políticos o de caprichos personales.
