La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) requirió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementar medidas de seguridad y vigilancia en la zona de Viguera, donde esta mañana se registró un enfrentamiento entre integrantes del Sindicato Libertad y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
A través del Cuaderno de Antecedentes DDHPO/CA/365/(01)/OAX/2019, el organismo solicitó una colaboración urgente a la SSP a través de la cual pidió salvaguardar la integridad, bienes y derechos de los transeúntes y vecinos de la citada agencia municipal de Oaxaca de Juárez.
Mientras que a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pidió iniciar una carpeta de investigación por el enfrentamiento, que de manera preliminar dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos.
Este hecho de violencia se suma a los registrados en inmediaciones de la Central de Abasto: el pasado 5 de marzo, una disputa librada en la zona de bodegas del centro comercial dejó heridos y una persona muerta.
Mientras que el 2 de junio un dirigente de la CATEM fue asesinado en inmediaciones de la rivera del Río Atoyac, cuando realizaba un tequio.
En este contexto, la Defensoría pidió a las autoridades atender de fondo la problemática para evitar la repetición de los hechos y garantizar seguridad a la población de la capital oaxaqueña.
Así también, el órgano autónomo se pronunció por el restablecimiento de la paz pública en el municipio de Oaxaca de Juárez y en toda la entidad, y recordó que la seguridad es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, ya que es fundamental para proteger los derechos a la vida, integridad física, libertad y patrimonio.
“Cuando la seguridad no está garantizada se pone en peligro la convivencia social, la paz y por ende el desarrollo, además que el ciudadano que tiene una corresponsabilidad con las autoridades en el proceso de seguridad”, apuntó el organismo.
La DDHPO señaló que la inseguridad es un fracaso colectivo, que conlleva a la vulneración de derechos, por ello enfatizó que las políticas públicas que aplique el Estado deben tener entre sus puntos esenciales la prevención como una forma de aplicar la corresponsabilidad, además que las políticas públicas en materia de prevención deben estar orientadas a atender las causas del problema de la inseguridad.
El órgano autónomo insistió en que la seguridad no es un asunto que pueda reducirse a acciones de las corporaciones policiacas, sino que debe considerarse las condiciones económicas, sociales y culturales que alimentan la inseguridad, además de empatía con las personas que se ven afectadas por la inseguridad.
